Antonio Casado.- Los motivos de Garzón

MADRID 9 Oct. (OTR/PRESS) -

Una repentina pasión por el principio de legalidad, que en absoluto ha sido violado en el golpe judicial de Baltasar Garzón contra los dirigentes de Batasuna, se ha desatado entre quienes tantas y tantas veces lo pasaron por alto. Recordemos el caso De Juana Chaos, la reciente puesta en libertad del violador de Vall D`Hebron (Barcelona) o, a escala internacional, la arbitraria invasión de Irak con la complicidad del entonces Gobierno de España.

También era de estricta legalidad reconocer que las personas que militan en la llamada izquierda abertzale "conservan intactos los derechos de libertad de expresión y de participación políticas". Y que, de acuerdo con la Constitución Española, "es la actividad y no la ideología de las organizaciones lo que puede ser objeto de restricciones políticas", según doctrina de la sala 61 del Tribunal Supremo, la que ilegalizó a Batasuna.

Los dirigentes del PP y sus medios afines se hartaron de pedir la ilegalización de ANV en las últimas elecciones autonómicas vascas, sin importarle lo más mínimo la existencia o inexistencia de pruebas para demostrar que era una actividad de la ilegal Batasuna, que detrás de esas listas se ocultaba una banda terrorista o simplemente una organización política declarada fuera de la ley.

Ahora esos mismos sectores están escandalizados porque el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que hace unos días ordenó la detención de los batasunos reunidos en Segura (Guipúzcoa) explica en su auto del domingo por la noche que decide la prisión incondicional de 17 dirigentes de Batasuna "una vez que ha quedado en evidencia a lo largo de 2007, y en particular desde junio, que la voluntad no es la de acabar con la violencia terrorista".

En consecuencia, entiende el juez que la valoración de la conducta de estos individuos ya "no puede ser favorable a la falta de intención delictiva". Eso supone admitir que antes si se le concedía el beneficio de la duda. Esa forma de aplicar la ley, en función de las circunstancias aunque sin haberla forzado, ha puesto de los nervios al PP, que acusa al juez de haber actuado demasiado tarde y de hacerlo ahora en complicidad con el Gobierno Zapatero y por razones de oportunidad política.

Los ciudadanos de a pie se hacen cruces. Su desgana es infinita cuando la reyerta PSOE-PP les invita a calificar los motivos de Garzón, los de Zapatero o los de Rajoy frente al hecho de que unos amigos de ETA han dado con sus huesos en la cárcel. Siempre quedará el consuelo del viejo refrán: "Nunca es tarde si la dicha es buena". Y como la dicha es buena, porque el sitio de los amigos de ETA es la cárcel, empieza a importar menos el retraso, en el caso muy probable de que el Gobierno hubiera estado haciendo la vista gorda hasta este momento.

Antonio Casado.