MADRID 6 Nov. (OTR/PRESS) - 0
El disputado informe de la UCO (Guardia Civil en funciones de policía judicial) analiza con quirúrgica precisión las contrataciones formalizadas en tiempo de pandemia por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias cuando estaba presidida por el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Y en ninguna de sus 349 páginas se apunta a la existencia de conductas presuntamente delictivas.
Ese alegato en defensa propia del ministro, expresado en comparecencia con preguntas de los periodistas, se ajusta a la realidad. Al menos en términos judiciales. La política es otra cosa. Ahí son libres los procesos de intención respecto a los esfuerzos que hizo Torres para que determinado proveedor cobrara por los bienes o servicios prestados al gobierno autonómico. "Esa empresa tenia derecho a cobrar, y cobró", ha precisado con naturalidad alejada de un propósito de ocultación.
Es verdad que el apremio para librar cuanto antes ese pago venía de Koldo García, ahora procesado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, pero entonces era un colaborador del ministro de Transportes que se ofrecía al presidente canario como solucionador de problemas en un territorio amenazado como destino turístico por la pandemia.
Esa es, más o menos, la argumentación de Torres para zafarse de las insinuaciones del oscuro empresario-comisionista, Víctor de Aldama, que ha utilizado una supuesta complicidad del ministro en sus manejos -los de Aldama- para llenarse los bolsillos con dinero público.
La supuesta complicidad ha quedado desmentida al explicar Torres que solo una vez tuvo ocasión de saludarle en la antesala del reservado donde Torres se disponía a almorzar con el entonces ministro Ábalos. Nada que ver con relaciones inconfesables que tampoco refleja la UCO.
En resumen, me parece que la comparecencia de Torres a cuerpo limpio y abierta a cualquier pregunta de los periodistas, incluidas las que repicaban "insidias y difamaciones de las que he sido objeto", resulta incompatible con una voluntad de ocultación de la verdad. Eso es justamente lo que hace creíble su discurso exculpatorio y lo convierte en un mal menor en un ecosistema político contaminado por la mentira, la ocultación, el "no sé", "no me consta", "no recuerdo".
Reconozcanme ustedes que, con la que está cayendo, es de agradecer este ejercicio de transparencia. Los silencios de los Ábalos, Koldo, Cerdán, el fiscal general, los del propio presidente del Gobierno, me obligan a reparar en una de las descargas exculpatorias del ministro Torres, cuando dijo que "por desgracia, la difamación, la insidia y la mentira se han convertido en moneda de cambio en la política española".
Amén.