MADRID 22 Dic. (OTR/PRESS) -
Nos llenamos de gestos innecesarios, mientras dejamos de hacer lo que sería urgente. ¿De veras ahora, en pleno recrudecimiento de los contagios, cuando probablemente hoy nuestros poderes públicos acuerden establecer nuevas medidas restrictivas de prudencia, de veras, digo, era necesario anticipar por sorpresa y con nocturnidad unas elecciones autonómicas? ¿De veras Castilla y León merece una nueva convulsión?¿De veras complotaban los de Ciudadanos, con el vicepresidente Igea a la cabeza, para forzar una moción de censura contra el PP con los socialistas, que ya lo intentaron, sin éxito, hace meses? ¿De veras es imprescindible anteponer el interés de los partidos, de los que sean, al bien ciudadano?
Claro que no. No a todo lo antedicho. Ni hacían falta aquellas mociones de censura de antaño, ni es preciso hogaño adelantar unas elecciones -que buscan solamente reforzar el poder de un partido- ni aquí se busca esa normalidad aburrida que es distintivo de una buena democracia. Siento decirlo una vez más, pero nuestros partidos adolecen de un exceso de testosterona: aquí las cosas se hacen porque a mí me sale de donde sea. Y no hay más que hablar. Y ya no se cuidan ni las mínimas formas de cortesía.
"No admito chantajes ni imposiciones" ha sido el grito de guerra que ha 'justificado', es un decir, la disolución del Parlamento castellano-leonés, justo en vísperas de una 'cumbre' urgente de presidentes autonómicos que reviste gran importancia para nuestra salud -si es que nuestros 'barones' territoriales son capaces de llegar a acuerdos basados en el sentido común y no tratar de imponer genialidades y altavoces propios para silenciar a los ajenos, claro-.
Una nueva oportunidad perdida. Aquí, los raros consensos -RTVE, Tribunal Constitucional- son solo para aumentar cuotas de poder frente a los 'excluidos del pacto'. Aquí, los acuerdos se hacen para romperlos, ya digo en la oscuridad y alevosamente. Aquí, la palabra dada, la verdad y la transparencia brillan -es otro decir- por su ausencia. Creo que los ciudadanos tenemos derecho a proclamarnos, como hace una década, indignados. Con causa.
Y supongo que habrá usted comprendido que no estoy hablando de Castilla y León. Solamente.