VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los ciudadanos y las empresas de Castilla y León economizarán en torno a 73,5 millones de euros al año en sus trámites por Internet con la Junta, administración que a su vez "evitará gastar" 3,1 millones de euros.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el Decreto de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que potencia los trámites con la Junta por Internet y elimina el papel en las comunicaciones internas, lo que permitirá ahorros de 73,5 millones para ciudadanos y empresas fruto de la sustitución de las notificaciones de correo postal con acuse de recibo por los envíos electrónicos y a la desaparición de las notas interiores y los oficios en papel.
El decreto unifica y aglutina toda la legislación autonómica en materia de teletramitación, lo que supone un incremento de la seguridad jurídica y se dota de mayor protagonismo a la sede electrónica de la Junta, la 'oficina sin papeles' que permite efectuar casi un millar de gestiones por Internet.
El objetivo se centra en mejorar la atención a ciudadanos y empresas, ahorrar costes, aumentar la eficacia del servicio público y avanzar en transparencia.
El Decreto proporciona la cobertura legal necesaria para que, de forma prácticamente automática, cualquier procedimiento administrativo en papel pueda convertirse en telemático, para lo que la Consejería de Hacienda ha desarrollado una herramienta informática -el llamado 'tramitador de expedientes'- que todas las áreas de la Junta deberán utilizar como base.
Así, se agilizará la puesta en marcha de nuevos servicios por Internet y, en cuando estén operativos, simplificará la gestión y reducirá los plazos de resolución.
UN AÑO DE TRANSICIÓN
La segunda novedad del texto legislativo es que da un periodo transitorio de algo más de un año para que el conjunto de unidades y departamentos del Gobierno de Castilla y León, los organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado se relacionen entre sí por medios electrónicos.
Es decir, que a partir del 31 de marzo de 2014 se suprime el papel en las comunicaciones internas de la Junta, medida "coherente" con la apuesta del Ejecutivo "por la eficiencia y la austeridad en el gasto".
En la misma línea, la norma prevé que siempre que sea posible se utilicen medios telemáticos para contactar con otras administraciones, y recoge la disposición a firmar convenios que permitan a los castellanoleoneses acceder a contenidos de otros entes públicos desde la sede electrónica de la Junta.
En tercer lugar, el decreto otorga un papel más relevante a esta plataforma, a la que se puede acceder directamente en la dirección www.tramitacastillayleon.jcyl.es o pinchando en el icono habilitado al efecto en la portada de la página oficial del Gobierno autonómico.
La sede electrónica es la réplica 'virtual' de las oficinas de atención presencial "pero con la ventaja añadida de que evita desplazamientos porque está abierta las 24 horas de los 365 días del año".
En la actualidad reúne las 978 gestiones y servicios más comunes, a los que se irán incorporando más en el futuro y de los que es posible beneficiarse con solo disponer de firma digital o DNI-e, imprescindibles para acreditar la identidad de los usuarios.
BUZÓN, REGISTRO Y TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICOS
La Consejería de Hacienda también ha regulado las herramientas que intervienen en la teletramitación de un procedimiento, desde su inicio hasta su finalización; Así, se establecen las características del Registro Electrónico, que es la primera instancia en la que se recibe cualquier solicitud o comunicación.
Paralelamente, se definen las particularidades del Tablón de Anuncios Electrónico, que podrá complementar o sustituir a los tradicionales a la hora de difundir un acto administrativo u otra información y se contempla que los ciudadanos puedan recibir las notificaciones oficiales por Internet si así lo desean.
Éstas se remitirán tanto al Buzón del Ciudadano disponible en la sede electrónica -en el que previamente hay que darse de alta- o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la recepción y acceso por parte del interesado.
Por último, se determinan las condiciones de validez y eficacia de los expedientes y documentos digitales que emite el Gobierno autonómico; se fija la obligatoriedad de conservarlos en el Depósito de Originales Electrónicos de la Administración, y se reconoce el derecho cualquier persona o empresa a obtener copias cuando sea parte interesada en un procedimiento.
El Decreto de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León acaba con la dispersión normativa existente hasta el momento y ha tenido en cuenta las necesidades de los colectivos que carecen de capacidad técnica o medios informáticos para acceder a la Red, así como las de aquellos con una discapacidad que les impide el ejercicio de sus derechos mediante este canal.
En estos casos se ha previsto la posibilidad de que puedan representarles terceras personas e incluso el personal de la Junta.
