MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ex jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA) almirante Francisco Torrente ha expresado este miércoles en el Congreso su convencimiento de que el proyecto de ley de Derechos y Deberes de los militares es "una base de partida adecuada", pero ha advertido de que "las Fuerzas Armadas no pueden ser una institución democrática", sino "una organización jerarquizada", por lo que en su seno "no caben" deliberaciones ni nombramientos por sufragio universal.
El almirante Torrente, además de ocupar la Jefatura del Estado Mayor de la Armada nombrado por el entonces ministro de Defensa Federico Trillo, fue director del Gabinete técnico de los ministros Julián García Vargas, Gustavo Suárez Pertierra y Eduardo Serra y Secretario General de Política de Defensa (SEGENPOL) con José Bono y José Antonio Alonso.
Este almirante ha sido el primer compareciente de los seis citados este miércoles ante la Comisión de Defensa de la Cámara Baja para expresar su opinión sobre el proyecto de ley que pretende "actualizar" la regulación de los derechos fundamentales y libertades públicas de los militares. De ellos, el más crítico ha sido el presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, que ha criticado la "miopía, los apriorismos y los prejuicios" que, en su opinión, "lastran la propuesta".
El ex AJEMA, en cambio, ha defendido que el texto propuesto por el Ejecutivo tiene "elementos suficientes" para que, tras su debate parlamentario, propicie "una ley realmente enriquecedora", aunque ha admitido que "por supuesto" es "mejorable".
A su juicio, para su elaboración hay que partir de la consideración de que la carrera militar es "una profesión vocacional que exige someterse a estrictas reglas de comportamiento", así como de la necesidad de que las Fuerzas Armadas mantengan "intactas" sus características de "unidad, jerarquía y disciplina", lo que implica que no puedan ser "una institución democrática".
EVITAR "PRESIÓN SINDICAL ENCUBIERTA"
Por ello, ha reconocido que la regulación del asociacionismo en su seno, tal y como pretende el proyecto, es uno de los aspectos "más controvertido". En concreto, ha defendido que las asociaciones pueden ser "buenos instrumentos para favorecer la aprobación y defensa de los intereses de sus asociados", pero ha alertado de que no deberían dejar "resquicio alguno por el que pueda deslizarse a su ejercicio formas de presión sindical encubiertas".
"No metamos la pata, ha habido derechos sindicales en las Fuerzas Armadas en épocas recientes y estas cosas al final no dieron los resultados deseados", ha insistido.
Torrente ha instado a los diputados --en una petición a la que se han sumado el resto de ponentes-- al consenso para encontrar el "justo equilibrio" entre el ejercicio de derechos y libertades constitucionales y las exigencias de disponibilidad y eficacia. Esto, ha dicho, partiendo de que "el militar es siempre militar". "No existen militares temporales, o se es militar o no se es. No caben las medias tintas", ha remachado.
Esta postura ha sido rechazada por el presidente de AUME, quien ha defendido la visión de que el militar es "un ciudadano de uniforme que es una persona que se relaciona con su entorno social, que piensa, debate y se inclina por ideales políticos y religiosos" y cuyas libertades "no han de detenerse en las puertas de los cuarteles". "La vida del ciudadano que viste del uniforme no se desarrolla continuamente ni mucho menos", ha recalcado.
Por su parte el general de división retirado Jorge Ortega Martín --director editorial de la revista especializada Atenea-- ha pedido consenso para "matizar" lo que el texto precisa y ha lamentado que "desde el Ministerio de Defensa se sigue pensando más en el 23-F que en lo que ocurre en Líbano o en Afganistán" a la hora de legislar.
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