ANDALUCÍA.-CCOO se concentrará en las ocho provincias para exigir a Educación que inicie la prórroga de la jubilación anticipada

Europa Press Sociedad
Actualizado: viernes, 26 marzo 2010 14:59

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO en Andalucía anunció hoy que para el próximo 7 de abril ha convocado concentraciones a las puertas de las ocho Subdelegaciones del Gobierno para exigirle al Ministerio de Educación que inicie la negociación para la prórroga de las jubilaciones anticipadas para los docentes de los centros públicos.

Esta convocatoria se enmarca dentro de la campaña específica sobre las jubilaciones anticipadas que CCOO viene llevando a cabo desde el pasado mes de diciembre y para la que el sindicato ya ha recogido más de 50.000 firmas en los colegios e institutos públicos de Andalucía, según informó la organización en nota de prensa.

Aparte de la concentración, CCOO entregará en las respectivas Subdelegaciones del Gobierno una copia de un manifiesto reivindicativo al respecto en el que exige, en primer lugar, el reconocimiento real y efectivo de la función docente con lo que supone el desgaste que en estos tiempos está suponiendo su ejercicio, y explica, en segundo lugar, que si no se renovara este régimen de jubilaciones voluntarias durante los próximos cinco años apenas se producirían jubilaciones, por lo que no entrarían a trabajar en el sistema educativo nuevos docentes.

Según recordó también el secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato en Andalucía, José Blanco, "esta campaña está basada en un recorrido histórico que se inicia en 1990, cuando CCOO, en solitario con el Ministerio de Educación, acordó la puesta en marcha de las jubilaciones LOGSE --hoy jubilaciones LOE-- exigiendo que se fuesen prorrogando", algo que ha ocurrido hasta el momento en tres ocasiones.

Para Blanco, esto supone que "en estos 20 años de vigencia se han beneficiado aproximadamente 10.000 docentes en Andalucía" del vigente sistema de jubilaciones que, por contra, si no se mantiene, "puede afectar a más de 27.000 docentes en los próximos diez años con la consiguiente repercusión en la oferta de empleo público".

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