SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El caso de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de los nombres de cerca de cien menores objetores a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) se encuentra en fase de inspección en la Agencia Española de Protección de Datos a partir de la denuncia elevada a dicho organismo, cuyos procedimientos estipulan un análisis inicial del asunto en esta primera fase para resolver sobre su archivo o el inicio de un procedimiento de instrucción que, a su vez, puede concluir con la desestimación de la denuncia o la propuesta de sanciones.
Fuentes de la Agencia Española de Protección de Datos informaron a Europa Press de que la institución conoce el caso a cuenta de una denuncia elevada al respecto y no a través de una actuación de oficio. La citada denuncia, que alude a la publicación en el BOJA de 81 resoluciones de inadmisión o desestimación de solicitudes de objeción de conciencia a la citada asignatura con los nombres de los alumnos afectados, obra en poder de la Agencia y se encuentra en fase de inspección, un procedimiento de análisis del contenido de la denuncia y de los hechos previo a la instrucción como tal de un procedimiento contra los supuestos responsables del caso.
En ese sentido, y según señalaron las citadas fuentes, a lo largo de la fase de inspección los expertos de este departamento deben resolver entre el archivo de la denuncia o el acuerdo de apertura de procedimiento en el caso de detectar "indicios" de una "vulneración" de las leyes de protección de datos personales, lo que daría lugar a una segunda fase de "instrucción" con su correspondiente plazo de alegaciones para las partes en conflicto.
Esta segunda fase de instrucción, según la Agencia Española de Protección de Datos, se resolvería finalmente con el archivo del caso o la declaración de "infracción" en las normativas de esta materia con su consecuente propuesta de sanción.
El caso, de cualquier forma, ha motivado ya que la Fiscalía de Menores haya abierto una investigación a cuenta de la denuncia elevada por el colectivo de familias afectadas, que entiende que los menores cuyos nombres quedaron reflejados en el citado documento han sufrido una "vulneración" de sus derechos fundamentales como el de intimidad., extremo que incluso ha reconocido el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, a través de una resolución.
RESOLUCIONES DE RECHAZO A LA OBJECIÓN
Todo parte de una resolución emitida el pasado 15 de septiembre por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y publicada en el BOJA el 1 de octubre inadmitiendo o desestimando un total de 81 solicitudes de objeción de conciencia a la citada materia. Las resoluciones, según figura en este documento consultado por Europa Press, son publicadas al resultar infructuosa su notificación en los domicilios registrados en cada uno de los expedientes.
En concreto, se trata de 81 actos administrativos de inadmisión o desestimación de las solicitudes de objeción en las que quedan registrados tanto el nombre de la persona que formula la petición como el del alumno o alumna afectada por el expediente, aludiendo a hermanos muchas de las citadas resoluciones.