ANDALUCÍA.-EpC.- Chamizo llama al "consenso" y al "diálogo" y pide una Ley de Educación que tenga el "apoyo de todos los partidos"

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, realizó hoy un llamamiento al "consenso" y al "diálogo" entre todos los agentes de la comunidad educativa, así como padres y partidos políticos, para evitar enfrentamientos en torno al desarrollo de la asignatura Educación para la Ciudadanía, después de que el Tribunal Supremo haya fallado que no se puede objetar a la misma.

En declaraciones a los periodistas previas a la inauguración de las jornadas 'Avanzando en los derechos sociales: Ley de Inclusión Social en Andalucía', Chamizo indicó que, aunque hay que cumplir la ley y lo dictado por el Supremo, "también los padres tienen derecho a seguir recurriendo en las instancias que quieran".

Por ello, demandó "consenso" entre las partes implicadas en este conflicto, porque, a su parecer, "no podemos estar continuamente generando enfrentamientos en materia educativa, ya que los perjudicados siempre son los menores edad".

"El diálogo es absolutamente necesario y hay que huir de la imposición de criterios por una u otra parte", afirmó el Defensor, quien confesó "echar de menos una auténtica Ley de Educación que esté apoyada por todos los partidos políticos y que no se esté tocando cada media hora".

El Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó ayer con los votos a favor de 22 magistrados y el voto en contra de siete rechazar los recursos presentados por padres asturianos a los que el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad denegó el derecho a la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, según informaron fuentes del Alto Tribunal.

Según las mismas fuentes, el Supremo ha concluido que los reales decretos que regulan esta asignatura no lesionan el derecho de los padre a elegir la libre educación de los hijos.

En los próximos días el Alto Tribunal dará a conocer el fallo con la resolución, que salva la asignatura y confirma las tres resoluciones del TSJ de Asturias y revoca la adoptada por el TSJ de Andalucía, que falló en favor de unos padres a los que permitió objetar y cuyo hijo quedaba exento de ser evaluado.

Por su parte, el abogado sevillano Carlos Seco, que defiende los intereses de varios madres y padres de alumnos objetores de la asignatura anunció su intención de "continuar recurriendo" ante otras instancias judiciales, en primer lugar ante el Tribunal Constitucional, tras determinar el Tribunal Supremo que no se puede objetar a la asignatura.

En declaraciones a Europa Press, Seco señaló que "hasta que no se conozcan los fundamentos de derecho será complicado realizar una valoración exhaustiva del fallo", pero subrayó que "la intención" de las familias objetoras "es continuar recurriendo ante otras instancias judiciales, primero el Constitucional y, en última instancia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".