CASTILLA Y LEÓN.-EpC.- Los padres objetores se muestran decepcionados tras reunirse con la Junta y critican que no tome medidas

VALLADOLID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Los padres de alumnos objetores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía se mostraron decepcionados hoy tras reunirse con la Junta de Castilla y León y criticaron que no tome medidas contra los incumplimientos que existen en algunos casos a pesar de tener competencias.

Lourdes Ruano, portavoz de la Plataforma Educa en Libertad de Salamanca, se explicó así tras el encuentro que mantuvieron entre las 12.30 y las 15.15 horas de hoy con el viceconsejero de Educación Fernando Sánchez Pascuala, después de que ayer se conociera una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la que se aclaraba que la Junta no vulneraba en su decreto de desarrollo de Educación para la Ciudadanía los criterios establecidos por el Ministerio, que recurrió el texto de la Administración regional.

Los padres, en esta reunión, formularon a la Junta peticiones muy "concretas" sobre cuestiones como que no se "persiga" a los niños, que no se les impida la promoción y la titulación "más allá de lo que establecen las normas" o que no se contemple la figura del abandono en estos casos porque hay una buena disposición por parte de los niños para realizar trabajos sobre la Constitución, los Derechos Humanos, etcétera.

Además, explicó Ruano, se ha solicitado que se realice una labor de inspección de libros y herramientas pedagógicas que incumplen lo que establece el Tribunal Supremo, por ejemplo, a lo que afirmó que la Junta ha respondido que hagan denuncias "concretas".

La portavoz de los padres objetores explicó que "desde el principio de la reunión" han sido conscientes de que la Consejería tenía su postura "tomada" y de que lo que iban a plantear no serviría de nada. De esta forma, explicó que se han limitado "a decir lo que dicen las normas", algo que ellos conocen perfectamente. "No han mostrado ninguna voluntad política teniendo competencias para hacerlo", dijo.

Además, criticó que interpreten el fallo diciendo cosas que en la sentencia no se reflejan y aclaró que ésta dice que los decretos autonómicos que regulan Educación para la Ciudadanía son ajustados a derecho pero "no por lo que dice la Junta", sino porque, según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, no se ha omitido nada de los objetivos contenidos y los criterios de evaluación que establecen los decretos del Ministerio.

"Es decir, que los decretos autonómicos, con criterios más generales, reproducen lo mismo que los del Ministerio", añadió.

A este respecto, considera que es algo "muy importante" porque respalda a los padres que quieren mantener la objeción de conciencia a la asignatura e insistió que han alegado reiteradamente ante la Consejería que los libros de textos y otro tipo de actividades que se realizan en centros de Castilla y León "son exactamente las mismas que en el resto de las comunidades autónomas y muchos de ellos no cumplen con lo establecido por el Tribunal Supremo".

Sin embargo, la única solución dada por la Consejería, por la que se han mostrado "indignados", es que los padres denuncien directamente a los profesores.

LIBROS CON IDEOLOGÍA "CONCRETA"

Precisamente los padres, indicó Ruano, han mostrado varios contenidos de libros de texto de varias editoriales que se utilizan en centros educativos de la Comunidad y que están incluidos e inspirados en una ideología "muy concreta" que los padres objetores no comparten, pero que además "contrarresta la formación moral en la que ellos educan a los hijos y les han pedido que actúen sobre ese tipo de materiales", ya que tienen competencia para ello, a pesar de no mostrar "la mínima intención de actuar".

Así, consideran que la reunión ha sido "francamente decepcionante" y explicó que las plataformas se han ido con la impresión de que no había "ningún tipo de voluntad" desde el primer momento ni de escuchar ni de entender a estos padres que, aunque son una minoría, tienen razones importantes y de "todo respeto" protegidas además por el Ordenamiento Jurídico.

Por ello, a partir de ahora seguirán "avanzando, respetando y apoyando la libertad de los padres, que son los que tienen la última palabra", y advirtió de que los procesos judiciales sobre la objeción siguen abiertos y en Castilla y León todavía no hay sentencias.

Asimismo, indicó que seguirán tomando iniciativas sobre las que el Tribunal Supremo se pronunció en febrero como denunciar libros de texto o instar a la Inspección educativa, pese a la negativa de la Junta, además de intentar hablar con los profesores.