MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
CRUE Universidades Españolas ha advertido de que el plazo del que disponen las universidades españolas para su adaptación a la nueva ley de contratos del sector público en el ámbito de la investigación, que entrará en vigor a partir del 09 de marzo de 2018, es "claramente insuficiente".
Así lo ha manifestado este jueves 30 de noviembre la organización a través de un comunicado, después de que la Comisión Sectorial de I+D+i de CRUE Universidades Españolas se reuniera en las XXV Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas en Málaga.
Asimismo, CRUE muestra su "más profunda preocupación" sobre el impacto que puede tener en las universidades las justificaciones de costes indirectos de proyectos de investigación finalizados hace varios años.
"La comisión sectorial de I+D+i considera, que este tipo de actuaciones, si bien entendibles en un marco general legislativo, introduce graves complicaciones en la gestión de la investigación universitaria. Por lo que sería deseable explorar instrumentos que permitieran tener en cuenta la singularidad de las actividades de investigación en la aplicación de las normativas correspondientes", señala la organización.
Para CRUE- I+D+i, el nuevo plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación 2017-2020, "debería implementarse lo antes posible" para garantizar una puesta en marcha "estable y transparente" de los instrumentos que contiene y de las convocatorias asociadas al desarrollo del plan.
Por último, la sectorial de I+D+i reitera su voluntad de trabajar de forma "leal y colaboradora" con la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (SEIDI) y con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para conseguir una investigación de "más calidad e impacto" como una aportación esencial de las universidades españolas.
Las XXV Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas, que ha reunido a más de 200 gestores, ha abordado asuntos de actualidad relativos a la investigación universitaria, como la introducción de la figura del investigador en las plantillas universitarias; la imbricación de los investigadores universitarios en el sector privado; y la utilización de los parques científicos y tecnológicos como instrumentos para fomentar la I+D empresarial y como inductores positivos en el aumento de los PIB locales y regionales.
