La Defensora del Pueblo dice que la LOMCE debe contar con el acuerdo político y una financiación adecuada

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha reclamado a los partidos políticos que colaboren para alcanzar "los imprescindibles acuerdos mínimos" de cara a la previsible aprobación de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), al tiempo que ha pedido al Gobierno que, "pese a las dificultades de la crisis", la futura reforma debe incluir las previsiones y medidas de financiación "adecuadas" para que su puesta en marcha y su desarrollo "estén garantizados".

"Es comprensible que las distintas posiciones ideológicas y sus manifestaciones políticas promuevan modelos educativos diferentes y pretendan aplicar el que responda a sus convicciones", recuerda la defensora en su informe anual, en el que advierte de que la legítima defensa de las posiciones propias de cada grupo "no debiera impedir que, sobre las bases que marca la Constitución, cuando proclama el derecho fundamental a la educación, se alcanzase un acuerdo suficiente para dotar al sistema educativo de permanencia y estabilidad".

El apartado dedicado a educación de este informe refleja un aumento considerable de las quejas de los ciudadanos, derivadas, en su mayoría, por el decreto de recortes aprobado el pasado mes de abril, que permite el aumento del número de alumnos por aula, las horas lectivas de los docentes, cambia el sistema de sustituciones de las bajas del profesorado, o permite el aumento de las tasas universitarias, entre otras medidas.

El informe advierte de que uno de lo motivos "más frecuentes" de reclamaciones en materia de escolarización es la insuficiente oferta de plazas educativas, causada por el retraso con que, en ocasiones, se aborda la construcción de nuevos centros o la ampliación de los existentes.

Asimismo, recoge una serie de quejas recibidas --principalmente en Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia-- en relación al cierre de pequeños colegios ubicados en pequeños núcleos rurales y la consiguiente escolarización de su alumnado en centros de localidades o municipios próximos. En este punto, llama la atención también sobre "los inconvenientes y peligrosidad del transporte escolar" a los que se van a ver sometidos los alumnos.

Becerril urge a las administraciones a simplificar y reducir la duración de las actuaciones dirigidas a la construcción de edificios escolares para evitar el uso continuado de "instalaciones precarias" que "no cumplen las condiciones mínimas necesarias" y pide "restringir al mínimo imprescindible la utilización de este tipo de soluciones".

PRECIO DE MATRICULAS UNIVERSITARIAS Y BECAS

Por otra parte, el texto apunta que la Institución ha recibido "un elevadísimo número de quejas" relacionadas con el incremento del precio de las matrículas en las universidades públicas, así como en la demora de la adjudicación de las becas, a las que la Defensora ha respondido pidiendo la aplicación adecuada de "un sistema de exenciones, basada en la capacidad económica del estudiante, que propicie la igualdad de oportunidades ante la enseñanza universitaria".

La institución señala que es "consciente" de que la actual coyuntura económica hace necesario introducir elementos de austeridad, para cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, pero pide que se "salvaguarde" el contenido esencial del derecho a la educación.

También llama la atención sobre la reducción "muy significativa" del número de ayudas para becas y contratos de Formación de Profesorado Universitario (FPU) inicialmente previstas y reitera que las medidas de contención del gasto público "no interrumpan las actuaciones ya emprendidas" de planificación estratégica de las universidades.

La Defensora del Pueblo también demanda a las administraciones educativas "un mayor esfuerzo encaminado a la plena gratuidad de los libros de texto de niveles obligatorios", en todos los ámbitos territoriales y para todos los cursos comprendidos en los referidos niveles, "aun admitiendo que las limitaciones presupuestarias ya existentes constituían un obstáculo para la consecución del referido objetivo".

RETRASOS EN LA SUSTITUCIÓN DEL PROFESORADO

En el epígrafe en el que se aborda la cobertura de las bajas docentes, el informe asegura que el retraso en la sustitución del profesorado ha sido práctica usual en determinadas comunidades autónomas, "casi siempre por razones relacionadas con la limitación de los medios económicos disponibles". De las quejas planteadas, la mayor parte son de Castilla-La Mancha y, en menor medida, a la Comunidad Valenciana y Madrid.

Al respecto, Becerril insiste en que son "indudables las consecuencias negativas" y, en ocasiones, "difícilmente reparables", que pueden derivarse para los alumnos de esta práctica. "La aplicación de las mencionadas modificaciones legales debería producirse de manera que no dé lugar a perjuicios adicionales a los que su aplicación puede suponer para los alumnos", apostilla.

La Defensora se muestra "preocupada" por el hecho de que la Educación Especial haya experimentado las consecuencias de la actual crisis económica, "especialmente en aspectos relacionados con la dotación de medios personales", al entender que la aportación que realiza el profesorado y el resto del personal que atiende a estos alumnos es de "especial trascendencia".

DISCIPLINA UNIVERSITARIA PRECONSTITUCIONAL

Otro de los temas que aborda el texto es el de las quejas que hacen referencia a la tramitación de los expedientes disciplinarios incoados por las universidades a sus alumnos y que se regulan por un Decreto de 1954. En concreto, explica que debido a este desfase temporal se tipifican como faltas graves y a las que corresponde sancionar con la expulsión de la universidad, las manifestaciones contra la moral católica, entre otras.

La Defensora explica que llevan desde la creación de la institución reclamando su actualización, y denuncia que "permanece vigente una norma preconstitucional, cuya aplicación suscita gran polémica y rechazo en el seno de la comunidad universitaria".

Por último, han señalado que desde hace años vienen detectando "demoras e incumplimiento de plazos" en la tramitación administrativa de los expedientes de homologación de determinados títulos universitarios extranjeros.