Educación responde ante las críticas de ONU que los derechos de niños con necesidades especiales están cubiertos

El Ministerio precisa que el grado de discapacidad exigido, que se redujo al 25%, "es un umbral administrativo para becas adicionales"

Archivo - Pasillo en el interior de un colegio
Archivo - Pasillo en el interior de un colegio- Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo
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Actualizado: miércoles, 11 febrero 2026 16:45

    MADRID, 11 (EUROPA PRESS) 

   El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha asegurado que los derechos fundamentales del alumnado con necesidades educativas especiales "están garantizados y no dependen de porcentajes".

    Así lo han manifestado a Europa Press fuentes del Departamento que dirige Milagros Tolón, después de que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas haya criticado que España excluya de las becas y ayudas al estudio a parte del alumnado con necesidades educativas especiales, ya que estas dependen de alcanzar un determinado grado de discapacidad reconocido administrativamente.

   La ONU mostró su preocupación por la "alta tasa de niños con discapacidad en centros de educación especial y por la exclusión de becas y ayudas al estudio de los niños con necesidades educativas especiales que no alcanzan el grado establecido de discapacidad administrativa".

    No obstante, desde el Ministerio responden que el grado de discapacidad "es un umbral administrativo para ayudas y becas adicionales" y recuerdan que el grado de discapacidad que debía acreditarse para acceder a las ayudas hasta 2024 era del 33%, que se ha reducido hasta el 25%, lo que ha supuesto un incremento de más de 8.000 becarios a partir del curso 2024/2025.

   Estas becas adicionales se enmarcan en la convocatoria de ayudas directas para las necesidades de apoyo educativo destinadas a contribuir en los gastos que la educación del alumnado pueda genera para sus familias.

    Para acceder a estas ayudas se precisa que acredite una necesidad específica de apoyo educativo derivada de determinados trastornos, como discapacidad, trastorno grave de la conducta o de la comunicación y el lenguaje o TEA.

    El grado de discapacidad mínimo para las ayudas establecido es 25%, porcentaje a partir del cual la discapacidad se puede considerar moderada, según el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

   Desde el Ministerio destacan que en España la escolarización "se rige por los principios de normalización e inclusión", lo que significa que todo el alumnado "tiene derecho a una educación inclusiva sin que se exija un grado específico de discapacidad".

    La escolarización del alumnado con discapacidad sólo se llevará a cabo en centros de educación especial cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios, previa determinación por parte de profesionales específicos y siendo las familias y alumnos correctamente informados y consultados.

    Por otro lado, de acuerdo con la normativa, las administraciones educativas tienen obligación de dotar al alumnado del apoyo preciso desde el momento de su escolarización o de la detección de su necesidad.

    Desde el año pasado, el Ministerio está desarrollando un Plan Estratégico de Educación Inclusiva que atienda a las necesidades del alumnado en todas las etapas, desde la Educación Infantil. El PEEI, cuya presentación está prevista para este año 2026, está concebido como un marco de actuación integral para asegurar la completa integración y éxito educativo de todo el alumnado con especial atención a los colectivos más vulnerables.

    Este plan da respuesta a lo establecido en la legislación española y se basa en los instrumentos internacionales ratificados por España. Busca consolidar un sistema educativo inclusivo, equitativo y de calidad en todo el territorio español, un sistema que pueda asegurar el acceso, la permanencia y el avance de todo el alumnado.

    Su desarrollo se está llevando a cabo a través de una estrategia participativa y de cooperación que implica a las administraciones educativas nacionales y autonómicas, la colaboración interministerial, a expertos y a la sociedad civil.

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