EpC.- Los objetores a la asignatura amenazan con recurrir al Constitucional si el Supremo no avala su postura

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los objetores a la asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) manifestaron hoy que si el Tribunal Supremo no avala su portura, recurrirán al Tribunal Constitucional, al que pedirán, además, que de forma cautelar permita a los alumnos que no desean cursar la asignatura no asistir a clase hasta que dicte sentencia.

Así lo advirtieron hoy en rueda de prensa representantes de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), el Foro de la Familia, la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y Profesionales por la Ética, con motivo de la reunión del pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el próximo 26 de enero, para resolver los primeros recursos de casación pendientes contra varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el de Asturias.

Por tanto, van a ser los primeros casos en los que el Alto Tribunal va a tener la oportunidad de unificar doctrina para todos los tribunales y administraciones de justicia de España sobre si deben o no amparar la objeción.

"No somos ciudadanos rebeldes e insumisos", advirtió el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, que aclaró que tanto padres como asociaciones han optado por la vía jurídica para defender ante los tribunales lo que consideran "un derecho". "Tenemos una absoluta confianza en lo que pueda dictar y esperamos con ansia el pronunciamiento, porque estamos seguros de que va a ser comprometido con la libertad y los derechos constitucionales como los que reclamamos", aseveró.

En la misma línea, el presidente de los propagandistas, Alfredo Dagnino, señaló que los padres y asociaciones "confían" en la Justicia y "acatarán" la sentencia del Supremo. Sin embargo, advirtió de que seguirán su "batalla cívica, no sólo jurídica sino también cultural, gracias al compromiso decidido de los padres". Recordó, además, que este colectivo ha optado "de forma legítima" por el derecho a la objeción de conciencia, "que no exige un reconocimiento específico".

"PEDIMOS RESPETO PARA EL SUPREMO TRABAJE SIN COACCIÓN"

Por su parte, el presidente de la confederación católica, Luis Carbonel, denunció la campaña, "orquestada por alguna asociación de padres y por el Gobierno", para "intentar infundir miedo y presionar al Tribunal Supremo para que dicte una sentencia en contra de los objetores". "Esta actuación roza casi lo delictivo", subrayó Carbonel, para pedir "respeto" parta que los magistrados del Supremo "trabajen sin ningún tipo de coacción".

En representación de la plataforma Profesionales por la Ética, cuyo principal objetivo desde hace dos años ha sido informar y asesorar a padres y asociaciones sobre la posibilidad de objetar a la materia, así como de llevar un recuento de las objeciones, su secretario general, Fabián Fernández, indicó que existen más de 50.000 impugnaciones; 17.000 recursos judiciales; 78 asociaciones de padres; y más de 270 resoluciones (tanto autos como sentencias) "que amparan esta iniciativa". "Esta batalla está haciendo historia y supone un hito sin precedentes en España", celebró.