Estatuto del Becario, la norma acordada por Gobierno y sindicatos sin el apoyo de estudiantes, universidades ni empresas

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha conseguido aprobar esta semana en Consejo de Ministros el proyecto de Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido coloquialmente como el Estatuto del Becario, a pesar de la discrepancias interna que esta norma ha generado en el Gobierno entre PSOE y Sumar.

De este modo, el Ejecutivo ha remitido la norma al Congreso de los Diputados más de dos años después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social firmara y presentara esta norma con los sindicatos, pero sin el apoyo de la patronal y sin contar con la comunidad educativa, tal y como ha denunciado la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

En concreto, CREUP ha rechazado "tajantemente" el proyecto de ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral que se remite al Congreso de los Diputados.

La organización estudiantil ha criticado en este tiempo que el texto "se ha elaborado sin contar con la participación real de la comunidad educativa". Universidades y estudiantes denuncian que "han quedado al margen" de la negociación de una norma que les afecta directamente.

Aunque el Ministerio de Trabajo afirma que refuerza el carácter íntegramente formativo de las prácticas, la organización estudiantil advierte de que "su planteamiento responde a una lógica laboral, al haber sido negociado exclusivamente con los sindicatos".

Además, el texto presenta, a su juicio, "importantes deficiencias técnicas y de fondo". "Resulta complejo regular de forma conjunta prácticas tan distintas como las universitarias, ya sean curriculares o extracurriculares, y las de Formación Profesional, dado que difieren en su naturaleza y finalidad", señala.

Desde CREUP lamentan que tampoco "se ha aclarado cómo se financiará la compensación de los gastos asociados a las prácticas". "La falta de garantías claras sobre esta cuestión abre la puerta a que los costes recaigan en unas universidades ya infrafinanciadas, sin que ello suponga una mejora efectiva en la calidad formativa", alertan.

"En definitiva, la comunidad universitaria en su conjunto, universidades y estudiantes, coinciden en que el denominado Estatuto del Becario no responde a las necesidades reales del sistema de prácticas académicas externas, y que, por el contrario, puede convertirse en una herramienta de precarización invertida, aumentando la carga económica de las universidades y desestabilizando aún más los sistemas de control ya existentes, sin fortalecer las garantías para el estudiantado", han manifestado los estudiantes.

Por ello, instan al Ministerio de Trabajo, "que presume de diálogo social, pero que en esta ocasión ha ignorado a los principales actores afectados (la comunidad educativa y, especialmente, el estudiantado), a retirar el proyecto y abrir un proceso de diálogo real".

Asimismo, los universitarios apelan a los grupos parlamentarios para que "no respalden una norma que ha sido elaborada sin consenso y que no mejora la situación de las prácticas académicas".

LOS RECTORES, PREOCUPADOS POR LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA NORMA

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha mostrado su preocupación por la "viabilidad económica" de las medidas incluidas en el Estatuto del Becario.

"No podemos obviar la preocupación por la viabilidad económica de estas medidas si no se garantiza de manera efectiva la corresponsabilidad de todos los agentes implicados", señaló la presidenta de CRUE y rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón Soler, en declaraciones a Europa Press.

Aunque comparte la necesidad de reforzar su carácter formativo y evitar cualquier uso fraudulento que las convierta en empleo encubierto, CRUE avisa de que el régimen jurídico de las prácticas académicas "es una cuestión académica cuya competencia corresponde al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y a las propias universidades, y no puede abordarse al margen de estas".

Los rectores han reclamado desde el inicio del proceso que se escuche a la Universidad. "Aunque las universidades no formen parte de la Mesa de diálogo social, no puede obviarse que el futuro Estatuto del Becario afecta de manera directa al estudiantado y a la organización académica de miles de titulaciones", apuntan.

En este sentido, inciden en que las instituciones universitarias "pueden aportar conocimiento técnico, advertir de dificultades de aplicación y proponer soluciones viables que preserven tanto los derechos del estudiantado como la calidad del sistema".

GARAMENDI: "SEGUIMOS EN EL MONÓLOGO SOCIAL"

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que la patronal "no comparte" el Estatuto del Becario: "Seguimos en el monólogo social".

Garamendi ha asegurado que las universidades "tampoco lo comparten" y ha reivindicado que las empresas son "la solución" a que los becarios tengan un trabajo "digno", cuando "siempre" se las está poniendo como "el gran problema". "Creo que interesa más el anuncio que realmente funcione", ha dicho.

"Es una más de un Ministerio (de Trabajo) que no va a parar", ha criticado el presidente de la patronal, quien ha acusado al departamento que dirige Yolanda Díaz (Sumar) de haber dejado "de hablar de diálogo social; está en un monólogo social", ha insistido, para afirmar que "se equivoca".

De este modo, Garamendi ha aseverado que la patronal opinará del asunto cuando se siente "en la mesa", aunque ha asegurado que el Ministerio "sabe" que no lo comparten.

Al hilo, ha alertado de que el Estatuto va a llevar aparejado que las empresas "no van a tener la seguridad jurídica para llevarlo a cabo" porque, en sus palabras, "el primer problema" es que todavía no se sabe "lo que es un becario" según el primer artículo del texto. "Mientras que en el segundo dice que si no sabemos lo que es un becario y está mal contratado, que será un empleado fijo. Ya nos lo aclararán", ha ironizado.

Por último, ha lamentado que las empresas "tendrán que decidir de buena fe qué es lo que tengan que hacer" si no ven una estabilidad regulatoria.

"VA A PERJUDICAR A LOS JÓVENES QUE SE QUIERE PROTEGER"

En la misma línea, la directora general de la Fundación Universidad-Empresa y portavoz de la REDFUE, Carmen Palomino, ha señalado que llevan 50 años en este sector y saben "que los abusos existen y deben perseguirse". "Pero convertir la excepción en norma para justificar una ley es un error que va a perjudicar a los mismos jóvenes que se quiere proteger", ha avisado.

"Los malos usos deben identificarse y corregirse, pero no pueden definir a todo un sistema. Cuando el Gobierno habla de abuso generalizado, está describiendo una realidad que no se corresponde con los datos, y está dañando la reputación de miles de organizaciones que hacen las cosas bien", ha puntualizado.

Palomino ha asegurado que en España "existe una amplia cultura de que las prácticas académicas externas son una actividad exclusivamente académica de carácter formativo". "Así lo reconoce nuestro marco legal y así lo avalan más de cuatro millones de estudiantes que han realizado prácticas desde el inicio del Espacio Europeo de Educación Superior", ha dicho.

Por ello, considera que "hablar de un abuso generalizado de las empresas no se corresponde con la realidad de un sistema que es, como se ha señalado públicamente, una historia de éxito".

"Los malos usos deben identificarse y corregirse, pero no pueden definir a todo un sistema que cuenta con proyecto formativo individualizado, doble tutorización y un marco normativo específico", ha concluido la portavoz de REDFUE.