MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno sostiene que "no parece razonable iniciar ninguna actuación basada en suposiciones" relativas a que la Generalitat de Cataluña vaya a incumplir la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del 25% de castellano en las aulas catalanas, pero recuerda que el Estado puede realizar un requerimiento y, en su caso, interponer un recurso ante los tribunales.
Así lo indica el Ejecutivo en respuesta escrita a una pregunta parlamentaria formulada Partido Popular en el Congreso, recogida por Europa Press. Los 'populares' han interpelado al Gobierno sobre qué medidas tomará para hacer cumplir la ley en caso de incumplimiento por parte del Govern catalán
La Consejería de Educación de la Generalitat notificó el 25 de marzo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) qué acciones desarrollará respecto a los usos lingüísticos en el sistema educativo catalán. Ese día terminaba el plazo de dos meses, pasado el cual se puede pedir la ejecución forzosa de la sentencia del TSJC que fija un 25% de castellano en las aulas catalanas.
En contestación a la pregunta formulada por el Grupo Popular en la Cámara Baja, fechada el 17 de marzo, el Gobierno informa de que "respeta" las decisiones de los tribunales de justicia y añade que será la Generalitat de Cataluña la que "deberá ejecutar la sentencia en los términos que le indique el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña".
"No parece razonable iniciar ninguna actuación basada en suposiciones relativas a que una Administración educativa no vaya a incumplir las resoluciones judiciales", sostiene el Gobierno de Pedro Sánchez en su respuesta al PP.
En este sentido, añade que el artículo 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece que "las administraciones públicas, las autoridades y funcionarios, las corporaciones y todas las entidades públicas y privadas, y los particulares, respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y las demás resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes".
Por otro lado, subraya que algunas de las funciones de la Inspección Educativa --que es competencia de las distintas administraciones educativas-- "son velar por el cumplimiento en los centros educativos de las leyes, reglamentos y demás disposiciones que afecten al sistema educativo así como supervisar el funcionamiento de los centros educativos, la práctica docente y la función directiva".
"La Alta Inspección, por su parte, en cumplimiento de sus funciones establecidas en el artículo 150 de la LOE, analiza y supervisa el desarrollo que de la normativa básica realizan las comunidades autónomas, sin que pueda llevar a cabo medidas ejecutivas y/o sancionadoras de lo que ocurre en los centros educativos", recalca el Gobierno.
Por último, indica que si una comunidad autónoma dictara normas que "supusieran la vulneración de la legislación básica, incluido lo referido al aprendizaje de las lenguas, el Estado pondría en marcha los mecanismos de garantía de los que dispone y que son ejercidos desde el inicio de la andadura democrática: el requerimiento y, en su caso, el recurso contencioso-administrativo y, en los supuestos de normas con rango de Ley el recurso de inconstitucionalidad".
Entre las iniciativas previstas por la Generalitat, comunicadas el pasado viernes al TSJC, destacan la proposición de ley del PSC-Units, ERC, Junts y comuns para modificar la Ley de Política Lingüística y mantener el catalán como vehicular en el sistema educativo, incluyendo al castellano como lengua de aprendizaje. Junts se ha descolgado del acuerdo.
También destaca que se han iniciado los trámites para un desarrollo normativo del régimen lingüístico del sistema educativo "de acuerdo con la evolución metodológica del aprendizaje y de acuerdo con la realidad lingüística de cada entorno educativo", y catalán y castellano estarán contemplados en los proyectos de cada centro.
En último puesto informó al TSJC de que se ha encargado a la Universidad de Barcelona (UB) una encuesta sobre la realidad sociolingüística de los centros porque los últimos estudios "señalan un descenso progresivo" del uso del catalán, incluso el informe del Síndic de Greuges.
