MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Pedro Sánchez se reunirá durante los próximos tres meses con "todos los actores de la comunidad universitaria" para tratar el desarrollo de la Disposición Adicional Quinta del reciente Real Decreto Ley 28/2018 que obligará a la cotización en la Seguridad Social de todas las prácticas universitarias, y que ya ha sido cuestionada por los rectores.
Fuentes del Ejecutivo socialista han confirmado a Europa Press la reunión, este pasado martes, de la secretaria de Estado de Universidades, Ángeles Heras, y del secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, para abordar el desarrollo de la disposición del Real Decreto aprobado a finales de diciembre para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
Según estas fuentes, los secretarios de Estado acordaron "desarrollar la regulación de esa disposición" y convocar, "sin demora", "reuniones con todos los actores de la comunidad universitaria", aunque ambos reiteraron la voluntad del Gobierno de "mejorar las prácticas sin afectar al desarrollo académico" de los estudiantes y "reforzar" su "sistema de protección social".
CRITICA DE RECTORES, ESTUDIANTES Y SINDICATOS
El pasado viernes, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) adviritió de que la obligatoriedad de cotización a la seguridad social de las prácticas curriculares puede suponer "un grave problema económico difícilmente asumible para las universidades", así como una "disminución del número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones" a los estudiantes universitarios.
Además, la organización que integran rectores de 76 universidades públicas y privadas españolas, reprochó al Gobierno la aprobación "sorpresiva y sin consulta previa" de esta medida y reclamó la apertura de esa mesa de diálogo para abordar la diferencia entre las prácticas curriculares y extracurriculares, el mantenimiento de la bonificación del 100% para las prácticas curriculares remuneradas y su extensión para las prácticas no remuneradas tanto curriculares como extracurriculares.
Desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) también se ha solicitado al Ejecutivo socialista "diálogo" a pesar de que valora positivamente la obligatoriedad de la cotización de las todas prácticas externas.
"La nueva reforma trastoca el modelo actual de prácticas, lo que supone una necesidad de cuantifciar la inversión requerida para poder implementarla: la medida no refeja quién se hará cargo del importe de las cuantías, quedando al amparo del convenio entre las universidades y las entidades colaboradoras, ya sean públicas o privadas", explican desde la CREUP.
El colectivo juvenil Revolución Ugetista (UGE) del sindicato UGT ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por aprobar de forma "unilateral" y "sin contar con los interlocutores sociales" la obligatoriedad de cotización de todas las prácticas laborales de universitarios, metiéndolas "en el mismo saco" y demostrando "poco conocimiento sobre esta realidad", según esta organización.
El colectivo RUGE alude a la disposición adicional quinta del Decreto Ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, con la que los estudiantes en prácticas formativas, no laborales y académicas deberán cotizar a la Seguridad Social, y que se publicó en el BOE el pasado 29 de diciembre.
"Los jóvenes del sindicato no entienden que, después de tres meses de negociaciones del Plan de Empleo Joven en las que las organizaciones sindicales trataron de sacar adelante un Estatuto de las prácticas no laborales, mientras que el Gobierno bloqueaba esta iniciativa y la dejaba para una negociación posterior en el marco del Diálogo Social y ahora, apruebe esta modificación en una disposición adicional del último Real Decreto del año", explican en un comunicado.
Por su parte, el colectivo juvenil de UGT considera que la decisión del Gobierno busca "protagonismo", "traiciona" los acuerdos con los "interlocutores sociales" y "hace flaco favor a las personas en prácticas" al incluir todas las prácticas "en el mismo saco" provocando "el desconcierto en la comunidad universitaria".
En el comunicado, el colectivo RUGE pide la eliminación de las prácticas extracurriculares "tal y como se conocen en la actualidad" porque considera que se tratan de un trabajo encubierto donde los estudiantes asumen la misma responsabilidad que "cualquier otro trabajador en plantilla" pero sin cobrar un salario. "Ante una modalidad tan abusiva y discriminatoria, la única solución es la supresión y que se pase a laboralizar todas estas fórmulas de prácticas extracurriculares", apostilla.
En cuanto a las prácticas curriculares, la organización juvenil pide que "la representación legal de los trabajadores en las empresas debe tener acceso al convenio de colaboración, al contrato en prácticas" y sean "a todos los efectos, los representantes legítimos de este colectivo mientras se encuentre en la empresa".
