BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Mesa del Parlamento catalán ha rechazado de nuevo tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Cataluña (Fapac) para volver a impartir la sexta hora en las escuelas públicas, y ha sugerido a las familias a recurrir la decisión en el Tribunal Constitucional (TC).
Según la resolución del Parlamento a la que ha tenido acceso Europa Press, la mesa mantiene su rechazo a la ILP dejando sin efecto la admisión a trámite, al haber admitido en su lugar las objeciones del Gobierno autonómico, que argumenta que la restitución de la sexta hora es demasiado cara, con lo que veta la propuesta.
"La Mesa, habiendo conocido el veto presupuestario del Gobierno (...) reitera que la tramitación de la ILP se cierra", dice la carta, que informa a las familias de que contra este acuerdo cabe la interposición de un recurso en el Tribunal Constitucional (TC), según prevé la normativa de regulación de las ILP.
Las familias lamentan que el Parlamento catalán considere que su interlocutor es el TC, sin tener en cuenta su argumentación complementaria.
Por ello, ahora éstas deberán decidir si continúan recogiendo firmas para engrosar la ILP --que ya no se admite a trámite--, si van al Constitucional y otras propuestas de crítica al veto del Gobierno de CiU.
La tramitación de esta propuesta fue inicialmente vetada el pasado 20 de marzo, ya que la Generalitat argumentó que la implantación de la sexta hora le costaría unos 140 millones de euros --más de 80 en la pública y 54 en la concertada--, que representa un 2 por ciento del presupuesto de la Consejería de Enseñanza de este año, lo que no es posible en la actual situación de crisis.
En declaraciones a Europa Press, el vicepresidente de Fapac, Álex Castillo, ha explicado que este argumento no es válido porque esta ILP en ningún caso tendría efecto en 2012, porque hubiera entrado al Parlament en septiembre y no se podría aplicar hasta 2013-2014.
El Parlamento ha aceptado la argumentación del Gobierno de Artur Mas amparándose en el artículo 102 del reglamento de la Cámara, al poder presentar "efectos presupuestarios y podría implicar un aumento de créditos" en el ejercicio en curso.