VALLADOLID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El sindicato de trabajadores de educación Stecyl ha señalado este lunes que las partidas de gastos de funcionamiento de los centros educativos públicos que ha recortado la Junta de Castilla y León ya estaban congeladas en los últimos cinco años.
En un comunicado recogido por Europa Press, los representantes sindicales han calificado de "muy desafortunadas" las explicaciones que el pasado jueves dio el portavoz de la Junta y Consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez.
En el texto han explicado que los centros educativos aprobaron sus presupuestos con unos compromisos de transferencias de ingresos "que ahora la Junta incumple" ya que la partida recortada ya estaba comprometida.
"En vez de asumir el recorte, el portavoz de la Junta parece desconocer la realidad cuando afirma que se ha podido producir un problema de comunicación y quizá los directores de centros han entendido que el dinero correspondiente al segundo pago pertenecía a los colegios", han reprochado, antes de añadir que "al ver que no han llegado" los colegios se han quejado "sin mala fe".
Stecyl ha reclamado a la administración que "asuma sus propias decisiones", realice "una mejor planificación económica" y que asuma sus deficiencias "sin echarle la culpa a los centros, de los que podría aprender en gestión austera, transparente y previsora".
A juicio de Stecyl, el segundo pago sí que pertenecía a los colegios e institutos públicos. "El aludido remanente de los centros educativos no lo es tal, ya que es para hacer frente al pago de los gastos a proveedores y otros gastos corrientes previstos en el presupuesto, aprobado por el Consejo Escolar", han recalcado.
Han recordado que los centros realizan y envían sus presupuestos, aprobados por el Consejo Escolar, cumpliendo una de sus funciones de aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la ejecución del mismo, a las Direcciones Provinciales de Educación.
También consideran que la administración debe ingresar a principios de año el 60 por ciento del importe de los gastos de funcionamiento, y el 40 por ciento restante en septiembre. Sin embargo, la administración viene incumpliendo estos plazos, lo que ha obligado a los centros a hacer malabares económicos y dejar un remanente para hacer frente a los pagos corrientes y ordinarios sin los que un centro no puede funcionar.
Además, han indicado que la Administración castiga a los centros que han sido previsores e incumple los Reales Decretos de Organización de Centros que señalan que los centros "dispondrán de autonomía en su gestión económica de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros docentes.