Los populares reclaman que el próximo curso sea presencial en las universidades mientras las autoridades sanitarias no lo impidan
MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular quiere que las comunidades autónomas puedan destinar también a los centros educativos concertados, aquellos de titularidad privada pero sostenidos con fondos públicos, los 2.000 millones que el Gobierno repartirá entre todas las regiones para financiar inversiones en educación el próximo curso.
El presidente del PP, Pablo Casado, lo ha defendido este viernes tras reunirse con sus consejeros autonómicos de Educación (Castilla y León, Galicia, Madrid y Murcia). En un mensaje en la red social Twitter, Casado ha apremiado al Ejecutivo de Sánchez a "concretar los fondos Covid" y permitir "que lleguen a todos los centros sostenidos con fondos públicos".
En la reunión también ha participado la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, que ha detallado la petición que realizan al Gobierno, al que pide que tenga que "las necesidades de inversión para la vuelta a las aulas con presencialidad" en septiembre "la tienen tanto los colegios públicos como los concertados".
"Por ello planteamos que las comunidades autónomas puedan destinar ese dinero a todos los centros educativos financiados con fondos públicos, sean públicos o concertados, porque la vuelta a la normalidad hay que garantizarla a todos los alumnos, independientemente del centro al que vayan a acudir", ha defendido Gamarra.
Este pasado jueves, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, dijo que a su Ministerio no le correspondía decidir cómo será ese reparto de fondos. "Lo están trabajando los ministerios de Asuntos Económicos y de Haciendo, y ellos dirán cuáles son los criterios de distribución y la finalidad para cada comunidad autónoma", expuso ante la prensa.
"CADA MINISTRO VA POR LIBRE"
La dirigente del Partido Popular, que acusa al Gobierno de Sánchez de no tener a la educación como una "prioridad" en su agenda política, ha cargado contra el ministro de Universidades, Manuel Castells, por recomendar este jueves que la presencia de los estudiantes universitarios en las aulas sea rotatoria el próximo curso para garantizar la distancia de metro y medio de separación que previene contagios de coronavirus.
"La universidad debe ser presencial siempre que sea posible, como regla general, y a partir de ahí establecer excepciones cuando lo requieran las autoridades sanitarias", ha proclamado Gamarra, crítica con las "improvisaciones, contradicciones y ocurrencias" que atribuye tanto a Castells como Celaá.
A ambos les ha pedido más coordinación en el diseño del próximo curso, a tenor de que Celaá defiende el regreso presencial de todos los estudiantes a las aulas en septiembre en las etapas preuniversitarias. Así lo acordó la ministra de Educación este jueves con la mayoría de las comunidades autónomas, aunque País Vasco y Madrid se descolgaron.
"Cada ministro va por su cuenta", ha afirmado también Gamarra, que exige a los ministerios de Sanidad, Educación y Universidades que trabajen de "forma seria" y "pongan sobre la mesa" a las comunidades "los protocolos necesarios" para que sea posible volver a las clases presenciales el próximo curso, después del cierre de los centros educativos el pasado mes de marzo por el decreto del estado de alarma.
Este jueves, Celaá presentó a las comunidades autónomas, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, un documento elaborado junto al Ministerio de Sanidad con recomendaciones sanitarias para el próximo curso.
Sin embargo, todas los gobiernos autonómicos del PP pusieron objeciones al documento. Galicia, Castilla y León y Murcia pidieron tiempo para estudiarlo, mientras el consejero de Educación de Madrid, Enrique Ossorio, dijo que eran "letales" medidas como reducir el tamaño de las clases a 20 escolares pare evitar los contagios.
