El PP defiende que las universidades paguen a empresas para "sufragar los costes" de las prácticas de los becarios

   MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una enmienda al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica del sistema universitario (LOSU) para permitir que las universidades hagan aportaciones destinadas a sufragar los costes materiales, logísticos o de aseguramiento inherentes al desarrollo de las prácticas, siempre que no constituyan un requisito para la aceptación del alumnado.

    En la enmienda a esta ley impulsada por el PSOE, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP recoge el deber de las universidades de "asegurar el acceso efectivo del estudiantado a las prácticas curriculares mediante la formalización de acuerdos o convenios con entidades públicas o privadas, tanto nacionales como extranjeras, que garanticen la idoneidad y calidad de la formación práctica".

   En ningún caso, puntualiza la enmienda, el acceso o la realización de prácticas curriculares podrá estar condicionado al pago de contraprestaciones o donaciones que impliquen discriminación o limitación en el acceso del estudiantado.

    No obstante, el PP añade que podrán preverse aportaciones destinadas a sufragar los costes materiales, logísticos o de aseguramiento inherentes al desarrollo de las prácticas, siempre que no constituyan un requisito para la aceptación del alumnado. Esta medida no sería de aplicación a las prácticas extracurriculares.

    El Grupo Popular justifica esta medida advirtiendo de que en numerosos territorios, "la escasez de empresas y entidades receptoras limita de forma objetiva la disponibilidad de plazas de prácticas, lo que obliga a las universidades a desarrollar fórmulas de colaboración que, a menudo, requieren apoyo financiero o logístico por parte de las propias instituciones universitarias".

   El PP ha registrado otra enmienda para tumbar el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades mediante una disposición derogatoria única a la norma impulsada por el PSOE.

   En la enmienda, los populares consideran que el Gobierno "se ha extralimitado" en la regulación de este real decreto que, a su juicio, "precisa rango de ley".

   Además, el PP cree que "se ha generado inseguridad jurídica, se ha aprobado sin consenso, y establece unos criterios que no persiguen buscar la calidad del sistema universitario, todo ello de acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado en su Dictamen".

   Este real decreto ya ha sido recurrido en el Tribunal Supremo por varias administraciones, como la Comunidad Autónoma de Madrid, Baleares, Aragón, Extremadura o La Rioja; o las instituciones académicas CEU, la Universidad Fernando Pessoa, la Universidad de las Hespérides, CIS, Schiller, Saint Louis o Francisco Marroquín, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

PROHIBIR QUE UNIVERSIDADES PAGUEN A EMPRESAS PARA CONTRATAR BECARIOS

   La norma registrada por los socialistas en la Cámara Baja, a la que ha tenido acceso Europa Press, establece que, las prácticas académicas externas del estudiantado universitario, cuando sean curriculares, no impliquen, en el momento de acordarse, una transacción económica (bajo forma de precio o de donación) entre el centro de origen y el de destino.

   La finalidad de esta medida es evitar que la mayor capacidad económica de determinadas instituciones de educación superior "pueda condicionar el adecuado ejercicio de esta obligación curricular por parte del estudiantado universitario".

   Además, busca salvaguardar el acceso igualitario de todo el estudiantado universitario al universo de posibilidades que constituyen las prácticas académicas externas.

   En el ámbito de la Formación Profesional existe un precedente similar, ya que la norma actual establece que "no se podrá vincular el periodo de formación en empresa u organismo equiparado a contraprestación o donación por parte del centro de formación profesional, ni directamente ni a través de fundaciones u organizaciones vinculadas con ellos, cuando la citada estancia de formación en empresa u organismo equiparado forme parte del currículo de la oferta formativa".

   La proposición de ley del PSOE pretende extender esta medida también al ámbito de la educación universitaria, de forma que las universidades, centros y estructuras autorizadas para impartir enseñanzas universitarias, sean de titularidad pública o privada, puedan establecer los acuerdos que estimen oportunos con las empresas, instituciones, entidades u organismos, públicos o privados, nacionales o extranjeros, que aseguren el acceso efectivo de todo el estudiantado universitario a la realización de las prácticas académicas externas en dichas empresas, instituciones, entidades u organismos.

   Todo ello, recoge la proposición, sin que dicho período pueda vincularse a contraprestación o donación por parte de la universidad, centro o estructura, ni directamente ni a través de fundaciones u organizaciones vinculadas con ellos, cuando dichas prácticas académicas externas sean curriculares, es decir, cuando constituyan actividades académicas integrantes del Plan de Estudios de que se trate (y por tanto, supongan una obligación en el itinerario formativo del estudiantado universitario).

   Dado el carácter formativo de las prácticas académicas externas, la iniciativa socialista fija que "de su realización no se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo".

VOX RECHAZA PROHIBIR PAGOS O DONACIONES POR PARTE DE UNIVERSIDADES

   A esta ley, el Grupo Parlamentario Vox ha registrado también una enmienda para eliminar del texto propuesto por los socialistas que no se pueda vincular el período de prácticas académicas externas a contraprestación o donación por parte de la universidad, centro o estructura, ni directamente ni a través de fundaciones u organizaciones vinculadas con ellos, cuando dichas prácticas académicas externas sean curriculares, constituyendo actividades académicas integrantes del Plan de Estudios de que se trate.

   El objetivo de esta enmiendas es garantizar que las prácticas académicas externas "mantengan su naturaleza plenamente formativa, evitando la pretensión original de impedir la celebración de acuerdos de colaboración entre universidades y la empresa".

    Así, Vox recuerda que la autonomía universitaria reconocida en el artículo 27 de la Constitución Española y la libertad de empresa consagrada en el artículo 38 "aconsejan una regulación proporcionada que permita compensaciones objetivas y transparentes".