Los rectores de universidad rechazan los exámenes de la Administración para el acceso a la Abogacía y Procuradores

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores de Universidad Españoles (CRUE) manifestó hoy su rechazo al proyecto de Ley sobre el Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales por estar en contra de que la Administración realice el examen de capacidad.

Ante la inminente tramitación parlamentaria de este proyecto de Ley, la CRUE reitera que el sistema de acceso que contempla incorpora "elementos más propios de las características del ingreso a la función o al sector público".

En su opinión, el acceso a las plazas debería descansar "primariamente" en la capacitación y "por consiguiente bajo el control que supone la homologación de los correspondientes cursos (impartidos, preferentemente de forma conjunta por las Universidades y los Colegios Profesionales) para la obtención de los pertinentes títulos con validez profesional.

A su modo de ver, la evaluación de la capacidad a través de un examen, realizado por las Administraciones competentes, debería subsistir sólo en caso que el Gobierno considerase necesaria la existencia de un procedimiento alternativo de acceso, diferenciado del de la capacitación. "Este procedimiento debería tener siempre uncarácter excepcional", subraya.

La CRUE cree que debería desaparecer la distinción entre capacitación y evaluación, de tal manera que la superación del curso oficial de postgrado/máster en la Universidades o en los Colegios Profesionales, con sus correspondientes exámenes propios de cada curso, conllevara la obtención automática de la capacitación.

Asimismo, entiende que debería separarse la fijación de los requisitos exigibles por parte de los ministerios competentes para la homologación de los planes de estudio, de la determinación de las instituciones habilitadas para impartir dichos planes de estudio.

"La voz unánime de las universidades españolas no puede ser desoída en el proceso de tramitación de este proyecto de ley que, de ser aprobado en sus actuales términos podría resultar contrario al espíritu y la estructura del proceso de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, que alienta el propio gobierno", concluye.