MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha mencionado sólo una vez durante su discurso en el debate de investidura la reforma educativa que consideró como una prioridad de la nueva legislatura tras las últimas elecciones generales, y cuyo anteproyecto fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero, el mismo día que anunció el adelanto electoral.
Sánchez, que durante su intervención en el Congreso ha ofrecido elevar hasta el 5% del PIB la inversión en educación y ha repasado hasta una decena de medidas para todas las etapas del sistema educativo, sólo ha hablado de una nueva ley educativa en una ocasión, cuando defendía la necesidad de "apostar decididamente" por la ciencia y el conocimiento frente a los retos de la transformación tecnológica.
"La nueva ley educativa deberá atender a este problema", se ha limitado a decir Sánchez durante sus casi dos horas de discurso sobre una reforma que el pasado 21 de mayo consideraba una prioridad de la legislatura, como expuso en una reunión con los diputados del PSOE en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno de Sánchez tiene preparada esa reforma desde el pasado mes de febrero, cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), también conocida para la 'Ley Celaá', un texto elaborado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional dirigido por Isabel Celaá.
Este proyecto pretendía derogar por completo la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) aprobada por el Partido Popular en 2013 con la oposición de gran parte de la comunidad educativa, pero fue aprobado el mismo día que Sánchez anunció la convocatoria de elecciones anticipadas para el 28 de abril, y el texto no pudo comenzar ni siquiera el trámite parlamentario.
MEDIDAS DE LA 'LEY CELAÁ'
Esta reforma de la Ley Orgánica de Educación pretendía eliminar los dos artículos de la LOMCE que convertían la asignatura de Religión en una "materia específica" de los dos cursos de Bachillerato, y suprimía también el artículo que permitía que Religión computara para la nota media del alumno.
También incorporaba la asignatura Educación en Valores Cívicos y Éticos en 5 o 6 de Primaria, así como en 1, 2 o 3 de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y en el primer borrador se contempla la posibilidad de que las comunidades autónomas decidan el uso del castellano y otras lenguas cooficiales como "lengua vehicular".
"A tal fin las administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes", se leía en el documento.
La 'Ley Celaá' recogía además la posibilidad de titular Bachillerato con una asignatura suspensa, como defendió la ministra Celaá, que considera la medida "un gran favor" a los alumnos emulando la aprobación por "compensación" que existe en la universidad.
Otra de las medidas del texto, que quería reformar los "aspectos más lesivos" de la LOMCE, era eliminar la "demanda social" como criterio para la planificación escolar, un "eufemismo", en palabras de Celaá, para "propiciar que la escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la concertada", según la ministra.
El PSOE se presentó a las elecciones generales del 28 de abril con un programa electoral no sólo comprometiéndose a "la supresión de la LOMCE", sino a impulsar "un gran Pacto de Estado por la Educación" para elaborar "mediante el diálogo" una nueva "Ley Básica de Educación que además de garantizar un sistema educativo estable, basado en tres pilares básicos: equidad, inclusión y calidad, permita dar respuesta a los desafíos y necesidades del siglo XXI, continuando con el trabajo realizado en estos últimos meses para suprimir la LOMCE", según figuraba el programa socialista.
