Publicado 02/07/2020 13:03CET

El sector de la concertada no descarta ir a la huelga tras su "grave" exclusión del fondo Covid-19

El sector de la concertada no descarta ir a la huelga tras su "grave" exclusión
El sector de la concertada no descarta ir a la huelga tras su "grave" exclusión - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

   MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El sector de la escuela concertada ha expresado su malestar por su exclusión de la ayuda de 2.000 millones del fondo Covid-19 para Educación, según consta en el borrador del Plan para la Reconstrucción Social y Económica aprobado en el marco de la Comisión de Reconstrucción tras la pandemia, un hecho que tacha de "muy grave", por lo que no descarta medidas como una huelga educativa en septiembre.

   "Quieren hacer una guerra ideológica en la que nosotros no participaremos, pero están creando unas diferencias notables entre unos alumnos y otros, y es ahí donde sí nos encontrarán", ha declarado el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), Pedro José Caballero.

   En este sentido, Caballero ha advertido de que se trata de un hecho "muy grave". "Si todos hemos pasado la pandemia y hay que hacer frente a unos gastos para adecuar los centros educativos, los centros concertados tendrán esos mismos gastos", ha argumentado, para después solicitar que se reconsidere la decisión.

   En caso contrario, según ha avisado, se verán obligados a pedir "amparo" a los organismos de la Unión Europea e internacionales competentes ante lo que consideran una "clara discriminación" de la red concertada. "¡Un verdadero crimen!", ha subrayado.

   De esta forma, ha anunciado que, si esta situación llegara a materializarse, se verían obligados a movilizar a las familias y a la comunidad educativa en el mes de septiembre con manifestaciones, movilizaciones e incluso favoreciendo una huelga educativa "contra las medidas totalmente injustas, sectarias, e ideológicas propias de un Gobierno cada vez más totalitario".

   "Necesitamos diálogo bidireccional, consenso, igualdad real y efectiva", ha afirmado, al tiempo que ha instado a la Fiscalía a investigar la situación "de manera inmediata". "¡Si quieren un inicio de curso calentito, lo tendrán!", ha recalcado.

"UN DURO REVÉS" PARA LAS FAMILIAS

   Para la Confederación de Familias y Padres de Alumnos (COFAPA), supone "un duro revés" que el Plan para la Reconstrucción Social y Económica "discrimine a las familias que, para educar a su hijos, han elegido colegios concertados".

   "Miles de padres y madres no pueden entender que, para fortalecer y mejorar la educación de nuestro país, según se dice el texto del Plan, haya que excluir a los centros concertados; es decir, a ellos, a sus hijos y al profesorado", ha explicado COFAPA, que lamenta que el Plan "sea utilizado de forma partidista".

   Los padres confían en que el Gobierno "cambie de opinión, propicie el consenso y en la votación final de estas medidas se respeten los derechos y libertades que consagra la Constitución".

   Asimismo, Escuelas Católicas ha denunciado que el borrador "discrimina a las familias que eligen la enseñanza concertada, trata de hundir a todo un sector aprovechando la debilidad provocada por la pandemia y consolida el tono absolutista de Podemos" frente a la pluralidad educativa que corresponde a una sociedad democrática y prevalece en toda Europa.

   "Se están aprovechando las circunstancias para introducir cuestiones ideológicas ajenas a las consecuencias del COVID-19 en el ámbito educativo que con toda seguridad luego se consolidarán en la futura LOMLOE", asegura.

   "Si finalmente resulta aprobado en el Congreso el borrador del Plan para la Reconstrucción Social y Económica en los términos actuales, nuestro país avanzará en la dirección contraria a la que camina Europa, donde la escuela concertada tiene una larga tradición", asegura esta patronal, que integra a 1.976 centros educativos católicos, la mayoría con algún nivel concertado.

   Por su parte, el sindicato de educación concertada FSIE también considera la propuesta como una "grave e injusta discriminación" de un 25 por ciento de la ciudadanía por el hecho de no haber escogido un centro de enseñanza pública.

   "¿Cómo se puede llegar a un Acuerdo de Reconstrucción Social y Económica excluyendo a millones de ciudadanos por el hecho de no pensar como ellos? Mejorar la enseñanza es una obligación de los responsables políticos y lo deben hacer tanto en la red pública como en la concertada porque ambas forman parte del sistema público de educación", exigen.

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