SANTANDER, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC) ha vuelto a denunciar la "política indecente" y la actitud personal "impresentable" del consejero de Educación, Miguel Ángel Serna, a la vez que hace responsable también al presidente regional, Ignacio Diego, de la "degradación" de la situación educativa en Cantabria.
Según el STEC, los hechos y las declaraciones que se están sucediendo a lo largo de este mes de agosto "vuelven otra vez a colmar el vaso de la paciencia de cualquiera que tenga un mínimo de honestidad y de sentido común".
En concreto señala tres actuaciones que, a su juicio, merecen el "cese" del consejero: la reducción de las ayudas para la adquisición de materiales curriculares, su reacción ante la sentencia del Tribunal Supremo confirmando la legalidad de la retirada del concierto al colegio Torrevelo y la adjudicación del transporte escolar a empresas ubicadas fuera de Cantabria.
Por todo ello, el STEC vuelve a pedir la dimisión de Serna "más cargados de razones y ya hartos", dice, de un consejero que en muy poco tiempo "ostenta el triste honor de ser el peor responsable de Educación que ha conocido Cantabria".
Añade que Diego, con sus declaraciones de respaldo a Serna, se hace "cómplice" de esta situación y, por tanto, "plenamente responsable del deterioro educativo, que amenaza con generar una situación explosiva a lo largo del curso que empezará dentro de pocas semanas", advierte.
Y es que, según el STEC, el anuncio de "reducir en un 75%" las ayudas para la adquisición de materiales curriculares, pasando esta partida de los "cuatro millones" de euros del curso pasado (que ya "se había reducido" en relación a cursos anteriores) a "sólo un millón", "ha estallado como una bomba" entre la comunidad educativa.
El sindicato destaca que las ayudas se restringirán exclusivamente a familias en situación o en riesgo de caer en la indigencia. Para "colmo y recochineo", añade, el consejero "dice que solucionará el problema que él crea promoviendo la cesión de libros de texto en los centros escolares", una medida que en muchos colegios se viene haciendo "de forma voluntaria y altruista", precisa, y que "nada tiene que ver con la obligación de las administraciones de garantizar la gratuidad de la enseñanza o, al menos, de desarrollar políticas compensadoras de desigualdades".
En resumen, concluye, el consejero "sustituye los derechos de los ciudadanos y las obligaciones del Estado por la caridad individual de las personas". "Y para colmo", recalca, que este "durísimo recorte" lo decida la misma Administración que hace unos meses acordó reponer el concierto educativo "a un colegio privado elitista vinculado al Opus Dei", "supera todas las cotas de indecencia política".
En cuanto a la sentencia del Supremo, considera que las declaraciones de Serna señalando que ahora Torrevelo y Peñalabra forman administrativamente un solo centro y, por tanto, mantiene su decisión sobre el concierto el curso próximo, demuestra "unas dosis de cara dura política" que "pocas veces se han visto en esta Comunidad Autónoma".
Para el STEC, desde el punto de vista jurídico, "tal empecinamiento" en mantener el concierto, parece una decisión "bastante temeraria" y podría "estar rozando peligrosas figuras penales como la prevaricación". En cualquier caso, precisa que ya antes de conocerse la sentencia del Supremo, el STEC ya había iniciado todas las reclamaciones y pasos administrativos y jurídicos necesarios para intentar "ilegalizar" el concierto del Torrevelo.
Por último, critica que "un tercio" de los contratos del transporte escolar estarán el próximo curso en manos de empresas ubicadas fuera de la región y manifiesta su preocupación por los puestos de trabajo que "pueden peligrar" con esta decisión, además de denunciar que el dinero público destinado a este servicio "no revierta" en riqueza para Cantabria, sino que termine beneficiando a empresas domiciliadas fiscalmente en otras comunidades.