MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Universidades ha solicitado al Ministerio de Trabajo, en un escrito elaborado junto a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que en el Estatuto del Becario no haya una distinción entre prácticas curriculares y extracurriculares.
Así lo ha manifestado este martes el secretario General de Universidades, José Manuel Pingarrón, durante su intervención en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades en el Senado.
"En colaboración con CRUE hemos suministrado un escrito para que en las prácticas estén también los títulos propios y hemos propuesto no hacer una distinción entre prácticas curriculares y extracurriculares", ha señalado.
En este sentido, Pingarrón ha defendido hacer prácticas externas, académicas todas, y ha propuesto que haya un mínimo, que son las que marca el plan de estudios, y que haya un máximo.
Además, el secretario General de Universidades ha apostado porque todas "tengan que ver con la formación continua del estudiantado para mejorar su empleabilidad".
"He trasladado una reflexión, que en la universidad muchas de las prácticas no son entre una universidad y una empresa, pueden ser entre universidad y un organismo público, que evidentemente hay que mirar cuando eso ocurra quién va a pagar eso", ha apostillado.
CONSEJO DE LA JUVENTUD PIDE EXCLUIR LAS PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES
Al respecto, el Consejo de la Juventud de España instó la semana pasada al Ejecutivo a no incluir en el Estatuto del Becario las prácticas extracurriculares, eliminándolas, ya que, a su juicio, "esta figura puede fomentar el fraude de ley en el entorno empresarial".
Actualmente, las prácticas universitarias se podrían clasificar en dos grandes grupos, las que están asociadas a un plan de estudios, curriculares, y las que no, extracurriculares.
Para el organismo, son en las segundas "donde más fraude existe y las que se suelen alargar más en el tiempo" y algunos síntomas de esta "mala praxis" son la desregulación que suponen a muchos efectos, entre ellos que se puedan realizar estas prácticas sin un límite de tiempo, durante todo el grado universitario; que no hay obligatoriedad en que la práctica esté relacionada con los estudios realizados; o la "opacidad" en torno al número total de personas en prácticas, lo que supone un "desconocimiento total" por parte de las instituciones y agentes sociales de posibles casos de fraude.
En este sentido, también advierte de la realización de un trabajo productivo "en beneficio económico de las empresas y en detrimento de la formación de los estudiantes; así como la falta de compensación a las personas en prácticas por su realización".
