Foto: EUROPA PRESS
MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
La transparencia de las organizaciones de gestión del agua en España ha mejorado un total de 3,3 décimas respecto a 2011, según el Índice de Transparencia en la Gestión del Agua (INTRAG) presentado este lunes por la organización Transparencia Internacional España (TI), que ha otorgado una "aprobado alto" (una media de 62,9 por ciento) al conjunto de organismos evaluados (nueve conferencias hidrográficas y cinco agencias autonómicas del agua de todo el territorio nacional, exceptuando Canarias).
La organización ha destacado especialmente el avance de la Agencia Vasca del Agua que ha obtenido un "sobresaliente alto" (93,5 por ciento), frente a la puntuación de 50 que obtuvo en el último indicador, realizado dos años atrás.
En la misma línea, ha subrayado también el resultado de la Confederación Hidrográfica del Júcar (81,8 por ciento), que ha obtenido el segundo lugar, y ha incidido en que, a pesar de ser una "zona hídricamente más estresada, con una demanda hídrica muy intensa y donde la gestión es especialmente compleja y difícil", ha obtenido un "muy buen resultado".
En el lado opuesto del ranking se encuentran la Agencia Balear del Agua (33,8 por ciento), que ha registrado un descenso de 2,5 puntos respecto al último indicador y se coloca a niveles inferiores a los que obtuvo en 2010, y la Agencia Gallega (43,4 por ciento), que ha mejorado en seis décimas.
Entre los primeros puestos de la lista se encuentran también la agencia catalana (81,3), la andaluza (71,4) y la Confederación Hidrográfica del Ebro, que ha obtenido un 67,5 sobre 100 en transparencia.
En este sentido, el presidente en España de TI, Jesús Lizcano, ha destacado que el avance en los dos últimos años ha sido menor que en el anterior informe, publicado en 2010, cuando el indicador registró una mejora de un 8,4 por ciento en el conjunto de los mismos.
Aún así, ha señalado que "lo importante es que se siga avanzando" y ha reconocido que "la evaluación este año ha sido más rigurosa" por lo que ha señalado que "el mérito es grande".
A pesar de las mejoras, los responsables del estudio han destacado como "preocupante" que las organizaciones encargadas de la gestión del agua hayan mejorado sus niveles de transparencia "sólo en las áreas en las que existe una planificación legal", mientras que otras como los derechos existentes sobre las aguas en cada territorio "siguen sin estar publicados" en la mayoría de los casos.
AGUJEROS NEGROS
Así, la organización ha destacado que los "agujeros negros" en la transparencia de las organizaciones gestoras del agua "se siguen produciendo en la gestión económico-financiera y en la gestión del agua. Además, ha señalado la necesidad de mejorar las relaciones con el público y la transparencia en los contratos y licitaciones.
El principal responsable del estudio, Jesús Sánchez Lambás, ha recordado que, parafraseando a Antonio Garrigues "todo aquello que se pesa y se mide, al final, mejora" y ha subrayado que "hay que seguir trabajando y haciendo un esfuerzo" porque "no hay razón para que la información no esté a disposición del público".
En este sentido, ha hecho hincapié en que los bajos resultados que han obtenido algunas de las organizaciones "o quiere decir que hay un problema en el interior de estas sino, únicamente, que no ponen la información sobre sus organismos a disposición del público".
En cualquier caso, ha insistido también en la necesidad de que todos los organismos avancen hacia una mayor transparencia, considerándola como un "factor esencial para el desarrollo y el progreso de la sociedad".
"No hay nada que genere más desigualdad social que la corrupción", ha señalado el coordinador del estudio.
LEY DE TRANSPARENCIA "INSUFICIENTE"
Sánchez Lambás se ha referido también a la reciente aprobación de la Ley de Transparencia que considera "poco exigente", respecto a lo que a la organización le habría gustado.
En esta línea, uno de los miembros del Comité Ejecutivo de Transparencia Internacional España, Beltran Gambier, ha asegurado que "no están contentos con el resultado" y ha lamentado la "pobre" acogida por parte de los legisladores hacia las propuestas de la organización, que ha colaborado en el proceso de elaboración de la ley.
De hecho, ha subrayado lo "poco razonable" que, a su juicio, es incluir el "silencio negativo" en la ley y que, según ha explicado, permitirá que si la administración no contesta a una petición de información en un periodo de tiempo se considere que al petición ha sido "denegada".
"Eso supone que si un ciudadano quiere conocer una información tendrá que recurrir a un contencioso administrativo. Es un mecanismo restrictivo peor que el régimen ordinario", ha asegurado Gambier.
Por ello, el presidente de TI, Jesús Lizcano, ha indicado que la organización está redactando una declaración para subrayar las deficiencias que, a su juicio, tiene la ley y para invitar al Gobierno a "subsanar" aquellas que aún pueden mejorarse. "Otras no podrán resolverse", ha asegurado, y ha destacado entre ellas el silencio negativo o la no obligación de las instituciones de declarar patrimonio que no sean bienes inmuebles.
Aún así, ha reconocido que la ley "ha mejorado bastante" respecto al proyecto que se presentó en 2012 y ha indicado que la organización se centrará en utilizarla y en "difundir a los ciudadanos cómo pueden aprovecharla, aunque no sea la mejor".