El Congreso insta al Gobierno a mantener los chiringuitos "de forma sostenible" y atendiendo a los intereses ciudadanos

Actualizado: martes, 6 marzo 2012 15:49

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso ha aprobado por 24 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones una Proposición No de ley (PNL) relativa al régimen de concesiones y autorizaciones de los chiringuitos, por la que se insta al Gobierno mantener estas instalaciones de forma "sostenible" y atendiendo a los intereses de "todos" los ciudadanos.

Así, con la oposición del grupo mixto y de PSOE y la abstención de CiU, la PNL iniciativa insta al Ejecutivo a "arbitrar las medidas oportunas" para mantener de forma sostenible y teniendo en cuenta los interese de todos los ciudadanos, las terrazas de los restaurantes de las playas.

Además, según ha defendido el diputado del PP Carmelo Romero, con la iniciativa se pide al Gobierno que preste "todo el apoyo necesario" a la Federación de Hostelería, Confederación de Empresarios y demás asociaciones afectadas, en colaboración con las comunidades autónomas y en la búsqueda de soluciones ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Con ello, ha explicado que se busca ofrecer garantías y seguridad jurídica al sector, de un modo compatible con la protección del patrimonio litoral español. Al mismo tiempo, la iniciativa pretende que se pongan en marcha planes para homogeneizar todos los chiringuitos de un mismo municipio, con el fin de adaptar los requerimientos de protección ambiental y uso público del litoral español "ofreciendo un servicio público de máxima calidad".

Según ha manifestado Romero a Europa Press, la idea es dar garantías jurídicas a los "chiringuiteros" y armonizar la presencia y calidad del servicio" que hasta ahora la "interpretación torticera" de la Ley de Costas de 1988 por parte del anterior gobierno socialista ha puesto "impedimentos" y ha llevado al "desalojo de los chiringuitos de la arena", perjudicando uno de los mayores "reclamos turísticos" del país, lo que en su opinión, va también en contra de los razonamientos de tipo económico, laboral y turístico.

"Se trata de compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas no perjudiciales que contribuyan a paliar la crisis en que estamos inmersos. Los chiringuitos son un factor dinamizador de nuestro turismo y por ello hay que cuidarlos y dotarlos de seguridad jurídica", ha defendido.

¿NUEVOS CHIRINGUITOS?

En este sentido, ha admitido que la iniciativa y la próxima reforma de la Ley de Costas abren la puerta a que "si el Gobierno lo estima conveniente" se concedan nuevas licencias de chiringuitos, porque es "voluntad de este Gobierno" que se establezcan "los que hay" y que "los que pudieran solicitarse se establezcan con garantía de que se preservan las condiciones de la playa en la que está y se pongan en condiciones".

En este contexto, CiU se ha abstenido porque considera que el texto de la PNL no llega a explicar que es necesario un equilibrio entre el proceso físico, la conservación y el aprovechamiento económico y sostenible. Mientras el PSOE ha presentado una enmienda que ha sido rechazada en la que apostaba por mantener la Ley de Costas vigente porque "garantiza el uso público, común y gratuito" de los ciudadanos y porque es preciso buscar un equilibrio entre la protección del entorno y el desarrollo económico.

Por su parte, la diputada de Izquierda Plural, Laia Ortiza ha manifestado su oposición a la PNL popular porque es una "iniciativa trampa" que contrapone el desarrollo económico con la protección del litoral y porque "sabe" que detrás de esto se encuentra la "inminente modificación de la Ley de Costas" que volverá a un modelo basado en la privatización del modelo público y porque tendrá efectos "devastadores" para el turismo y el medio ambiente.

RUIDO

Por otro lado, la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso ha aprobado, por 43 votos a favor y una abstención, una Proposición No de Ley presentada por el Grupo parlamentario Vasco relativa al calendario de aplicación de la Ley del Ruido, de modo que en un mes se remita un informe en el que conste el grado de cumplimiento de varios aspectos así como los pasos que se han dado hasta la fecha en este sentido.

La iniciativa busca, concretamente, que antes de finalizar el periodo de sesiones el Gobierno apruebe los mapas de ruido y los distintos planes de acción, priorizando la ejecución de medidas que redunden en la contaminación acústica en las zonas urbanas.

CALIDAD DEL AIRE

Por otro lado, la Comisión ha rechazado otra Proposición No de Ley presentada por el PSOE y defendida por la portavoz en la comisión, Leire Pajín, que pedía al Gobierno que multiplicara los esfuerzos necesarios para garan garantizar el cumplimiento de los niveles de calidad del aire que establece la normativa incluido el Plan Nacional del Aire --aprobado al final de la pasada legislatura--.

Pajín ha recordado que pesa sobre España la posibilidad de sanción por parte de la Unión Europea debido al "incumplimiento reiterado" de la normativa y a la superación de numerosos contaminantes en distintas zonas del territorio. Concretamente, se ha referido a "la situación de Madrid", donde ha dicho que su Ayuntamiento "mira para otro lado" e incluso ha cambiado de lugar las estaciones de medición, por lo que ha reclamado más transparencia y, a su alcaldesa, Ana Botella, de hacer declaraciones "con ligereza".

A este respecto, la portavoz del PP en la Comisión, María Teresa de Lara, ha dicho que España es "la oveja negra de la UE en contaminación atmosférica", que es uno de los problemas heredados del anterior Ejecutivo. En este sentido, ha subrayado que el Gobierno ha anunciado la revisión del Plan Nacional de Calidad del Aire porque este no lleva aparejado dotación presupuestaria, porque se aprobó con "escaso consenso" de las administraciones implicadas y porque "muchas de las medidas" propuestas "son de dudosa eficacia".

Al inicio de la Comisión, todos los grupos han acordado por unanimidad que el diputado socialista Gaspar Zarrías sustituya a la vicepresidenta segunda de la Comisión, hasta ahora, Consuelo Rumí, quien a partir de ahora será vocal de la comisión.