ÁVILA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila ha admitido a trámite la denuncia presentada por nueve organizaciones a raíz de la tala de miles de pinos para llevar a cabo la operación urbanística para construir la urbanización Ciudad del Golf en Las Navas del Marqués (Ávila).
Esto se produce después de que la asociación ecologista Colectivo Cantueso denunciase la tala y, ya después de la paralización por parte del Ayuntamiento de Las Navas y del fiscal especial de Medio Ambiente y Urbanismo, de decretar la paralización cautelar de las obras, todo ello a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anuló la clasificación como suelo urbanizable de la zona a construir.
Los nuevos comparecientes aseguran en la denuncia que han tenido conocimiento de nuevos hechos en relación con el mismo proyecto de urbanización, que consideran pudieran ser constitutivos de varios delitos, como contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias, falsificación de documento público, contra la protección de la fauna, malversación de caudales y bienes públicos, y fraude a entre público.
Explican que se han dirigido a este juzgado por ser el que abrió las diligencias previas para investigar los hechos y "considerando que existe una conexión" entre dichos hechos y los que explican en el escrito presentado.
Además de los detalles medioambientales del lugar donde se pretende urbanizar y los efectos de la construcción sobre la zona, detallan explicaciones sobre la vulneración de la legalidad en la tramitación y autorización de la Ciudad del Golf y lo que consideran "operación de especulación son suelo rústico.
También señalan "la operación de especulación", que consideran comenzó a diseñarse en 1999 cuando el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués proyectó adquirir los terrenos rústicos --alrededor de 7.800 hectáreas-- que Unión Resinera S.A. tenía en el término municipal, y cuya operación se llevó acabo mediante la sociedad Montes de las Navas S.A., participada por la Diputación y Junta de Castilla y León.
Según explican "antes de la compra hubo un acuerdo previo entre los distintos responsables de las Administraciones públicas" que constituyeron la sociedad "para recalificar los terrenos de gran valor natural y paisajístico, y convertirlos en suelo urbanizable para después venderlos a mayor precio del que habían costado".
Para los denunciantes, "el objetivo último del plan era que la venta de parte de los terrenos sirviera para financiar la adquisición del total de los adquiridos, al menos así se justificó ante la opinión pública, sin embargo la recalificación y venta de suelo rústico no se limitó a una sola operación, sino a la venta de terrenos reclasificados se configuró como el objeto social principal de la sociedad Montes de Las Navas S.A., resultando la compra-venta de terrenos una práctica habitual de dicha sociedad instrumental".
"Se trataba --añaden-- de explotar a toda costa la finca adquirida, siendo la generación de plusvalías mediante la venta de terrenos la principal fuente de ingresos".
Otro capítulo de la denuncia está referida al proceso para autorizar la urbanización por parte del Ayuntamiento de la localidad y de la Junta de Castilla y León, donde subrayan que el proyecto urbanístico "pasó por numerosos trámites y precisó varias autorizaciones que consiguió sin dificultad en los organismos de la Administración encargados de concederlas".
"Las personas que tenían más interés en que dicho proyecto se llevara a cabo (aparte del constructor), integraban, presidían o dirigían los departamentos administrativos de los que dependían tales autorizaciones", señalan.
Se trata del alcalde de Las Navas del Marqués, Gerardo Pérez, que además era vocal de la Comisión Provincial de Urbanismo; Carlos de la Vega, secretario del Ayuntamiento y miembro de la ponencia técnica de la Comisión de Urbanismo; Félix San Segundo, entonces delegado de la Junta y presidente de la Comisión de Urbanismo; Mariano Torre, director general de Medio Natural, y Sebastián González, actual secretario de Organización del PP y entonces presidente de la Diputación y consejero de la empresa.
Las organizaciones denunciantes son Centáurea, WWF/Adena, CC.OO, Seo/BirdLife, Greenpeace, Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y león, Amigos de la Tierra, Cantueso y Grama.
En el procedimiento también se ha personado la empresa Residencial Aguas Nuevas S.L. promotora de la urbanización Ciudad del Golf, que ha proyectado sobre 210 hectáreas 1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf.
