Actualizado 19/10/2009 16:58 CET

Ecologistas denuncian que España puede sufrir otro accidente nuclear como el incendio de Vandellós I hace 20 años

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

España está en "riesgo" de sufrir un "accidente nuclear grave" como el que se registró el 19 de octubre de 1989 en la central nuclear de Vandellós I (Tarragona) y que derivó en el cierre definitivo de la planta en 30 de mayo de 1990, según denunció hoy el responsable del programa antinuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, para quien las instalaciones más "peligrosas" en la actualidad son Vandellós II y Santa María de Garoña (Burgos).

Durante una rueda de prensa convocada por la Coordinadora Estatal Antinuclear, el portavoz de Ecologistas en Acción Javier González recordó que meses antes del accidente el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) había reconocido que algunos elementos de la central estaban en riesgo y, sin embargo, permitió operar a la central sin cumplir con las "condiciones específicas".

"Fue un accidente muy serio y se vivieron momentos de gran tensión", subrayó Bravo. En ese sentido, acusaron al CSN de "secretismo y connivencia con la industria nuclear y con las centrales, que son cada vez más viejas y con mayores riesgos".

Así, González explicó que el incendio de Vandellós se declaró en el grupo turboalternador principal número dos, a consecuencia de un fallo mecánico generado por un proceso de figuración en las ranuras de anclaje de los alabes correspondientes a la rueda número ocho de la turbina principal. Esto generó la pérdida repentina de 36 álabes consecutivos de los 98 de la rueda que, al girar a 3.000 revoluciones por minuto, rompió la cizalla de las tuberías de aceite y vapor, provocando puntos calientes suficientes para producir la ignición de la mezcla aire-aceite y una explosión en los cojinetes.

Asimismo, relató que a consecuencia de esto se rompió la Bomba número 3 con salida de hidrógeno, que provocó una segunda explosión, que causó la inflamación del aceite de lubrificación que salía en ese momento debido a la rotura de las tuberías de alimentación de los cojinetes, provocando todo ello un incendio de "grandes proporciones que afectó en cadena a gran número de sistemas" relacionados con la seguridad de la central.

El accidente fue clasificado de nivel 3 en la Escala Internacional de Sucesos Notificables (INES) o 'incidente importante', debido, según Bravo a los "grandes esfuerzos" realizado para evitar una clasificación 4, pero si la temperatura hubiera subido sólo tres grados centígrados más "las consecuencias hubieran sido de dimensiones indescriptibles, ya que se hubiera fundido el combustible del reactor".

El nivel III en la Escala INES implica un deterioro de la defensa en profundidad, sin que fallen las barreras de seguridad, o contaminación importante de la instalación y muy pequeña del entorno, exposición significativa de los trabajadores y muy pequeña del público circundante, o combinaciones de estos efectos. No se requieren medidas de protección al público.

Con motivo de la efeméride, los ecologistas insisten en la "irresponsabilidad" del Ejecutivo por permitir a la central de Santa María de Garoña (Burgos) operar hasta 2013 y advirtieron al presidente José Luis Rodríguez Zapatero de su responsabilidad si en estos años sucede algún accidente similar en esta planta "vieja y peligrosa".

En ese sentido, reiteraron su exigencia de acometer un plan de cierre de las centrales nucleares que acabe con la que, en su opinión, es una forma de producción eléctrica "cara, peligrosa" y con unos residuos "extremadamente peligrosos para los que no hay solución", así como un "cambio en el mix eléctrico".

También reclamaron un "régimen de responsabilidad civil ilimitada en tiempo y dinero" y aumentar las coberturas, al menos hasta a los 1.200 millones de euros, para que Gobierno y contribuyentes no se conviertan en pagadores de los daños al medio ambiente y a la salud, en caso de accidente nuclear. "Esta energía no puede subsistir sin continuas y generosas subvenciones estatales. Las empresas nucleares deberían ser las únicas responsables en establecer las garantías suficientes", apostilló Bravo.

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