MELILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Guelaya-Ecologistas en Acción-Melilla ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Málaga, y más concretamente ante el Fiscal especializado en Territorio y Medio Ambiente, contra la decisión del Gobierno de la ciudad autónoma de Melilla de "legitimizar las actividades industriales y de servicios que se están realizando en terreno rural".
La asociación ecologista, a través de un comunicado de prensa, denuncia que la Consejería de Fomento pretende legalizar todas las construcciones y actividades realizadas fuera de la legalidad vigente en suelo calificado rural. "La ley es clara en este sentido, sólo se puede realizar en suelo rural actividades agrícolas, ganaderas, forestales o cinegéticas" advierte la entidad que dirige Manuel Soria.
Así, subraya que la propia Ley realiza una excepción a la hora de permitir algún tipo de construcción o actividad que se demuestre su interés público y social y que sea necesario para el desarrollo rural. Sin embargo, Guelaya asegura que "la Consejería quiere utilizar esa excepcionalidad de la Ley del suelo para dar carta blanca a los empresarios que han comprado suelo a precio rural y lo están utilizando como suelo industrial o de servicios".
Los ecologistas dicen que según la Consejería de Fomento, la 'utilidad pública o interés social' lo pueden demostrar estas empresas presentando a los trabajadores empleados o el ahorro que les supone a las empresas su instalación en estos lugares. "Esto lleva aparejado --afirman los denunciantes-- que las empresas que sí se han preocupado de comprar suelo industrial o urbanizado a precio mucho mayor, tengan que competir con las que no lo hicieron y montaron sus empresas en suelo rural y barato".
En opinión de Guelaya-Ecologistas en Acción, "todo esto nos lleva a la decisión encubierta de la Ciudad Autónoma de urbanizar hasta los mismos límites de la frontera, sin respetar la Ley del Suelo. La propia Ley --prosigue-- promulga el necesario equilibrio entre las zonas naturales y no urbanizadas con las que sí lo están". Así, apunta que "si esta operación especulativa no la paran los tribunales, ya podemos olvidarnos para siempre de cinturón verde y de las zonas naturales".
Por último, la asociación que dirige Manuel Soria subraya que precisamente la decisión de la Ciudad de legalizar estas actividades" beneficia sobre todo a constructores que han establecido sus depósitos de áridos y sus fábricas de cemento. Llevamos mucho tiempo denunciando el binomio Ciudad Autónoma-Cemento que funciona en nuestra ciudad. La política en territorio de la ciudad pasa por hormigonar hasta los parques, siendo ejemplo de esto último el caso de La Granja Agrícola".
