La Eurocámara avala el recorte del 90% de emisiones en 2040 con las flexibilidades que relajan el compromiso

    BRUSELAS, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Parlamento Europeo ha aprobado este martes el acuerdo alcanzado con el Consejo para que la Unión Europea reduzca en 2040 un 90 % sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, respaldando medidas de flexibilidad que permitirán a los Estados miembro cubrir hasta un 5 % de ese recorte mediante la compra de créditos internacionales de carbono.

   La luz verde de la Eurocámara --con 413 votos a favor, 226 en contra y 12 abstenciones-- facilita que el nuevo objetivo intermedio quede incorporado a la Ley Europea del Clima como compromiso jurídicamente vinculante para el conjunto del bloque, en un paso más para avanzar hacia la neutralidad climática de la UE en 2050.

   El texto pactado contempla mecanismos adicionales para que los gobiernos puedan cumplir la meta sin deteriorar su competitividad, y fija que, a partir de 2036, ese margen del 5 % podrá cubrirse con créditos adquiridos en terceros países bajo condiciones estrictas.

   En concreto, estas compensaciones deberán cumplir estándares ambientales elevados, proceder de socios cuyos compromisos estén alineados con el Acuerdo de París y limitarse a sectores que no estén sujetos al régimen europeo de comercio de emisiones, además de incorporar garantías para evitar efectos contrarios a los intereses estratégicos de la Unión.

   Junto a ello, el acuerdo permite que las absorciones permanentes de carbono contabilizadas a escala nacional puedan emplearse para compensar emisiones de difícil reducción dentro del mercado europeo de carbono, e introduce mayor flexibilidad para ajustar esfuerzos entre sectores con el fin de contener costes.

   Asimismo, la puesta en marcha del nuevo sistema de comercio de emisiones para edificios y transporte por carretera, conocido como ETS2, se retrasa un año y comenzará en 2028 en lugar de 2027, tal y como ha informado la Eurocámara.

   La Comisión Europea deberá evaluar cada dos años el avance hacia el objetivo de 2040 teniendo en cuenta la evidencia científica disponible, la evolución tecnológica y la situación de la industria europea, así como el impacto de los precios de la energía sobre empresas y hogares.

   A la luz de esas revisiones, el Ejecutivo comunitario podrá plantear ajustes normativos, incluida una eventual modificación del objetivo o nuevas medidas de apoyo si lo considera necesario para preservar la competitividad y la cohesión social en el proceso de transición.

   El texto deberá ser adoptado formalmente por el Consejo antes de su entrada en vigor, que se producirá veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).