MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha asegurado que la reforma de la Ley de Costas y su reglamento general siguen vigentes tras la sentencia del Tribunal Constitucional que ha estimado parcialmente el recurso del PSOE y declara inconstitucionales varios preceptos de la Ley.
Así, lo han asegurado ha Europa Press fuentes de este departamento, que recalcan que el recurso fue interpuesto contra 16 disposiciones de la reforma de la normativa de Costas y el TC en esta sentencia declara inconstitucionales tres cuestiones "puntuales y muy concretas y localizadas". En este sentido, precisa que se trata de asuntos relativos a actividades de cultivo marinos o a salinas marítimas, al deslinde especial para la isla de Formentera, y a una cuestión procesal y temporal relativa a una depuradora en Cantabria.
Además, subraya que la sentencia del TC declara constitucionales "todos" los criterios orientadores de la reforma y todas las normas generales que los desarrollan. "Por tanto, la nueva Ley y su reglamento general de desarrollo, aprobado en 2014, siguen vigentes", señala.
También recuerda que esta modificación tenía por objeto "mejorar la protección ambiental del litoral y dar mayor seguridad jurídica y permitir el desarrollo de actividades si se realizan de un modo sostenible", unos objetivos que, tal y como recalca, "no se ven alterados por la sentencia".
A juicio del MAGRAMA, la reforma establece una definición "más precisa" del alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT); y mantiene la inscripción obligatoria del DPMT en el Registro de la Propiedad, para evitar que ningún ciudadano pueda adquirir "nunca más" una vivienda u otro bien en la costa y descubrir después que no le pertenece porque es DPMT.
Igualmente, señala que "asegura" la continuidad ordenada de las ocupaciones en el dominio público marítimo-terrestre, "evitando el denominado efecto 2018, es decir, las demoliciones masivas de industrias y viviendas construidas en su día legalmente; siempre con criterios medioambientales". Para ello, prorroga las concesiones hasta los 75 años, una prórroga que el TC declara constitucional para todos los supuestos.
Con la norma, también se amplía el plazo de las nuevas concesiones y autorizaciones, hasta un máximo de 75 y 4 años, respectivamente. Además, el Ejecutivo indica que se incluyeron medidas para aumentar la protección medioambiental del litoral y que "todas ellas son consideradas constitucionales". "Entre ellas, se encuentran la mejor protección de las playas, mediante la diferenciación entre sus tramos naturales y urbanos, la cláusula antialgarrobicos, así como las medidas para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático", concluye.
