MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
Greenpeace considera que los Presupuestos Generales del Estado "no sirven aún" para facilitar la transición ecológica "que necesita" España a pesar de que observa "tímidos avances".
La ONG denuncia que casi la mitad del gasto de inversión del presupuesto total del Estado es para Defensa y considera que pese al aumento del impuesto al diésel la fiscalidad verde apenas representa el 5 por ciento de los ingresos del Estado, al tiempo que denuncia la reducción de las partidas destinadas a actuaciones ambientales, costas y agua de un 7 por ciento a pesar de la creación del Ministerio para la Transición Ecológica.
En todo caso, la ONG ve "algunos gestos para el optimismo" en especial de cara a la transición energética justa pero pide una "profunda reflexión" después de "comprobar" que el interés manifestado por el Gobierno para frenar el cambio climático y la creación de un Ministerio para la Transición Ecológica no se ven reflejados realmente en los PGE.
En cuanto a las actuaciones ambientales, costas y agua que gestiona la Secretaría de Medio Ambiente, que disminuyen un 7 por ciento respecto a la propuesta del anterior Gobierno en 2018 supone que el Medio Ambiente pierde peso político al pasar la política forestal y de desarrollo rural a depender del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, celebra el aumento de fondos en un 49 por ciento para la Oficina de Cambio Climático.
El director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez, advierte de que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 "no garantiza" aún la transición ecológica que necesita el país. "Necesitamos mucho más esfuerzo presupuestario y por eso esperamos que la futura Ley de cambio climático y transición energética sea la guía que articule los próximos PGE", ha añadido.
En costas, agua y agricultura el monto se incrementa en un 4,71 por ciento respecto a 2018, pero el 81,2 por ciento de las inversiones para costas se destina a paseos marítimos y arena de playas frente al 18,8 por ciento dirigido a proteger la costa.
Mientras, en gestión de agua el PGE plantea una reducción del 6,58 por ciento para gestión de infraestructuras mientras aumenta en un 19,35 por ciento las partidas de calidad del agua. Si bien, la ONG lamenta que la prioridad sigue siendo el uso "intensivo" del agua.
En cuanto a agricultura ecológica, califica de "insuficientes" las partidas, ya que apenas se destina el 2,8 por ciento del total del presupuesto para el programa de Competitividad y Calidad Alimentaria.
También observa "tímidos avances" en transición energética porque la política de gasto se centra en un 65,8 por ciento en cubrir los costes del sistema eléctrico y se siguen dando ayudas encubiertas al sector industrial para que pueda seguir contaminando. Aspectos como la movilidad sostenible, la promoción de las renovables y la eficiencia energética representan el 7,1 por ciento del total, (un ligero aumento del 1% con respecto a 2018).
Si bien, Greenpeace valora que estos presupuestos "sí" apuestan por una transición energética justa hacia un sistema energético 100 por ciento renovable al destinar 173,4 millones en los programas de desarrollo sostenible e inversión en las comarcas mineras y a la transición justa a través de la Oficina de Cambio Climático (un total de 92.2 millones más que en 2018). Además cuenta con 241 millones de euros que se destinan principalmente a ayudas laborales (bajas indemnizadas de carácter voluntario y prejubilaciones) para abordar el cierre de la minería.
"Valoramos la apuesta de los PGE por la transición justa, pero para que se lleve a cabo la transición energética al completo y que esta sea justa y ordenada se necesita un plan detallado que incluya las fechas de cierre de todas las centrales que usen energías sucias y peligrosas y su sustitución por un modelo 100 por cien renovable, inteligente, eficiente y en manos de la ciudadanía", señala la directora de Programas de Greenpeace, Cecilia Carballo.
En cuanto a fiscalidad verde, critica que el principio de que quien contamina paga está "prácticamente ausente" de la fiscalidad en los Presupuestos Generales del Estado y en 2019 aumentan los impuestos ambientales en 106,15 millones de euros respecto a 2018, pero apenas representan un 5 por ciento de los ingresos del Estado, de modo que España sigue siendo el tercer país con menos impuestos ambientales.
Finalmente, la ONG reclama una mejora en la perspectiva de género y un mayor transparencia ya que según Cantero es "necesario" un mejor control y seguimiento de las aportaciones concretas de cada Ministerio a la transición ecológica y a la lucha contra el cambio climático.
