Archivo - 04/10/2026. Casavieja, Avila (Spain). Puerto Del Alacran Entre El Refugio Majamel Y El De Poyales. - PEDRO ARMESTRE - Archivo
MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
Greenpeace ha reclamado un plan de vigilancia y protección de las aguas tras los grandes incendios forestales -con especial atención a las subterráneas- ante la contaminación por cenizas y lodos registrada en las zonas quemadas este verano y el pasado, y ha anunciado que elevará peticiones de información pública a las distintas confederaciones hidrográficas y administraciones competentes.
Según ha denunciado la organización ecologista este jueves en un comunicado, existen importantes carencias de conocimiento y gestión sobre el impacto del fuego en los acuíferos, en un contexto en el que el 43,9% de las masas de agua subterránea en España no alcanza el buen estado global.
"Estamos viendo imágenes terribles de ríos de cenizas y lodo, noticias de pueblos sin agua, pero no vemos estudios de seguimiento y de investigación actuales para conocer el alcance de esta contaminación. El impacto visual de lo que pasa en la superficie es evidente, pero no cómo están afectando la devastación de estos incendios a las aguas subterráneas", ha explicado la responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace, Mónica Parrilla.
En esta línea, ha advertido de que se están poniendo en riesgo las "reservas estratégicas de agua en un país cada vez más expuesto a la sequía, a los fenómenos extremos y a la contaminación", mientras se sigue "sin disponer de suficiente conocimiento, vigilancia ni protocolos para protegerlas".
Greenpeace ha recordado que meses después de las llamas, las lluvias arrastran cenizas, sedimentos y compuestos de la combustión hacia ríos, embalses y acuíferos, incrementando la turbidez y dejando municipios sin agua potable, como ocurrió el año pasado en Galicia, Castilla y León y Extremadura, y ha vuelto a repetirse este otoño en comarcas como Valdeorras o Sanabria. Además, recuerda que la localidad ourensana de San Vicente de Leira quedó aislada el pasado 16 de noviembre al derrumbarse la carretera por las lluvias y también hubo arrastres de lodos y cenizas tras el incendio de Burgohondo (Ávila), uno de los más graves de 2026.
SIN DATOS ACTUALIZADOS DESDE 2017
Greenpeace ha subrayado que en España apenas hay investigaciones al respecto y que el último estudio del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), correspondiente al periodo 2000-2017, estimaba que más de 933.000 hectáreas de masas de agua subterránea habían resultado afectadas por incendios, con un impacto económico teórico de 43,5 millones de euros.
Además, ha apuntado que estudios científicos internacionales han demostrado que el aumento de nitrógeno y sedimentos tras un incendio puede persistir hasta ocho años, y ha advertido de que la falta de analíticas previas en España para compuestos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) impide determinar su incremento posterior al fuego.
Ante las elecciones generales del 29 de noviembre, la organización ha exigido establecer protocolos obligatorios de coordinación y financiación entre las distintas administraciones competentes para las medidas de emergencia y seguimiento posincendio.
En concreto, Greenpeace pide al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) integrar el riesgo de incendios en la planificación hidrológica, elaborar un mapa estatal de vulnerabilidad e impulsar la investigación en aguas subterráneas; y a las confederaciones hidrográficas implantar muestreos preventivos y garantizar la vigilancia durante al menos ocho o diez años.
También reclama a las comunidades autónomas ejecutar obras físicas de estabilización de laderas y riberas -como acolchados con paja, fajinas y barreras de contención- para frenar el arrastre de cenizas, y a los ayuntamientos proteger las captaciones vulnerables, garantizar suministros alternativos e informar a la población sobre los riesgos de contaminación.