Narbona apuesta por demandar al ordenamiento jurídico "una exigencia clara de responsabilidad mediambiental"

Actualizado: lunes, 24 septiembre 2007 13:22

La ministra insta a las empresas a tener "un conocimiento concreto de su responsabilidad medioambiental"

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se mostró hoy partidaria de demandar "a nuestro ordenamiento jurídico una exigencia clara de responsabilidades" en materia medioambiental, en el acto de inauguración de la Conferencia 'Nueva Ley de Responsabilidad Medioambiental', que se celebra a lo largo de toda la jornada en la sede del Grupo Expansión, organizador del evento.

Por este motivo, la ministra instó a las empresas a tener "un conocimiento concreto de su responsabilidad medioambiental así como de los recursos que deben contar para afrontar los posibles daños", y recordó que, "a partir de 2010, y de un modo gradual, las empresas que superen determinado riesgo de contaminación deberán tener una garantía financiera de caracter obligatorio".

Así, según la evaluación del daño potencial, la ley establece una serie de umbrales: por debajo de 300.000 euros, las empresas quedan exentas de esta exigencia; entre 300.000 y 2 millones, podrán optar entre suscribir la garantía financiera o adherirse al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). Por encima de los 2 millones de euros, se exigirá siempre la garantía financiera, mientras queda exenta la utilización de productos biocidas y fitosanitarios con fines agropecuarios o forestales.

"De todos modos, hay un número importante de excepciones, sobre todo en el caso de las pymes", puntualizó Narbona. "Eso sí, si dañan al medio ambiente, tengan o no garantía financiera, tendrán que reponer el daño", apostilló.

SANCIONES DE HASTA 2 MILLONES.

La Ley de Responsabilidad Medioambiental obliga a prevenir los daños derivados de la actividad económica y repara los que se causen. Esta norma, que traspone una directiva europea de 2004 "y que actualmente está en trámites parlamentarios", prevé sanciones de hasta 2 millones de euros y la suspensión de un año de la autorización para la empresa.

La futura ley tendrá por objeto hacer efectivo el principio de que 'quien contamina paga', con el fin de asegurar que los daños al medio ambiente ocasionados por las actividades económicas sean reparados de manera efectiva y a costa de sus responsables, evitando la factura de la reparación sea sufragada por los presupuestos públicos.

Para ello, se constituye también un fondo estatal para la reparación de daños ambientales con el fin de cubrir la necesidad de reparar cuando por alguna razón no se haya podido aplicar esta norma y el daño se produzca en el dominio público de titularidad estatal.

Además, la ley afectará a más de 5.000 instalaciones industriales, a unas 30.000 empresas de transporte de mercancías peligrosas, a casi 1 millón de explotaciones agrarias, las actividades de utilización y liberación de organismos genéticamente modificados y las balsas mineras. Los bienes protegidos son naturaleza medioambiental --agua, suelo, hábitats naturales protegidos y especies silvestres protegidas--, quedando excluidos los daños tradicionales, es decir, los que afectan a los particulares y a sus bienes.

EMPRESAS VOLUNTARIAS.

Por otro lado, la ministra destacó que "muchas empresas españolas siguen criterios de ecogestión de manera voluntaria" y recordó la creciente presencia de las compañías españolas en los índices de sostenibilidad así como en su adhesión al Pacto Mundial, la iniciativa de compromiso ético de la ONU destinada a que entidades y organizaciones de diferentes países acojan, como parte integral de su estrategia y actividades, Diez Principios concretos de conducta en materia de Derechos Humanos, relaciones laborales, Medio Ambiente y lucha contra la corrupción. Actualmente, cerca de 3.000 empresas de todo el mundo se han adherido al Pacto, medio millar de las cuales "son españolas", subrayó la ministra.

Narbona también recordó que "a partir del año 2009 se implantará un nuevo sistema que sustituirá al actual Protocolo de Kioto". "Para eso hace falta un esfuerzo y la implicación de los países contaminadores; España lo que quiere es contribuir a que se logren los objetivos de reducción de emisiones", concluyó.