Protectoras de Animales piden no excluir a los perros de caza de la norma
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El abogado experto en derecho medioambiental y asesor de la Oficina Nacional de la Caza, Santiago Ballesteros, ha llamado la atención, este jueves, de los "efectos" que va a suponer la reforma del delito del maltrato animal que se está tramitando en el Congreso y, entre otras situaciones, ha advertido de que esta norma supondrá una "carga de trabajo adicional" a los "sobrecargados" juzgados, así como a los cuerpos y fuerzas de seguridad que, a su juicio, deberán ocuparse a investigar "gaticidios, hamstericidios, conejicidios, gorrinicidios y hasta raticidios, en detrimento de delitos más graves, como los homicidios".
Ballesteros ha comparecido ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas para la Discapacidad del Congreso, en donde ha criticado este texto por falta de seguridad jurídica, porque "atenta contra el principio de proporcionalidad y de intervención mínima". Por ello, ha considerado como "lo más razonable" una "retirada" de este proyecto de ley, así como el de Bienestar Animal, y redactarlos de nuevo en "términos sensatos" y con "una base de consenso" que "contemple la visión utilitarista de los animales".
"El Código Penal no está para regular cualquier cosa, sino lo más grave", ha insistido Ballesteros en varias ocasiones durante su intervención, en donde ha señalado que el derecho penal está "reservado para las conductas más execrables" y no para juzgar "cualquier delito".
UN "DISLATE"
En este sentido, se opone a que los juzgados de lo penal se ocupen de casos como lesiones que suponen "un punto de sutura a un animal" y que este delito, además, suponga "un año y medio de prisión" a quien lo haya ocasionado. También, que se considere delito leve, frente a la actual 'falta' el "cortarle intencionadamente la cola a una lagartija". "No deja de ser un dislate", ha apuntado.
El abogado tampoco está de acuerdo con elevar de cuatro a nueve los agravantes existentes sobre este tipo de delitos. A su juicio, es algo "inasumible". Y, también que se haya decidido imponer penas muy diferenciadas a las actuales y, además, "elevadísimas"; así como se introduzca un subtipo penal agravado que, según ha señalado, "suscita la aplicación de penas en su mitad superior no como algo excepcional, sino general".
"Por muy mal que esté dar muerte a un hamster, a un mastín o una gallina clueca, es un absoluto dislate entrar en prisión por un hecho así", ha apuntado Ballesteros, quien ha alertado que esto sería así si el autor lo ejecutara "con dos agravantes" recogidos en la ley como, por ejemplo, usar "un palo de fregona" y "grabarlo y subirlo a tiktok".
A su juicio, la legislación debería perseguir de forma penal "los maltratos masivos" pero, según ha indicado, "lo que no se puede pretender es convertir una chorrada en un delito".
CONSECUENCIAS EN EL MUNDO RURAL
Igual de crítico se ha mostrado el director de investigación de la Fundación Artemisan, Carlos Sánchez, que en su comparecencia se ha centrado más en las consecuencias de la Ley de Bienestar Animal y de las "consecuencias terribles" y el "impacto negativo incalculable" que va a suponer para la España rural.
Sánchez se ha referido de forma más específica a los ganaderos y los cazadores que, según ha indicado, con esta normativa tendrán que "hacer frente a costes y burocracia inasumibles" que, además, considera que "no tienen justificación, ni proporcionalidad". Del mismo modo se ha referido a las consecuencias en la agricultura y a la imposibilidad de que este sector pueda hacer controles poblacionales.
También para el director gerente de la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza (ASICCAZA), Jaime Hurtado, esta ley afecta directamente al rural y ha denunciado que las dos leyes impulsadas por el Gobierno podrían "condenar a la extinción" a los pueblos pequeños cuya fuente de riqueza económica y poblacional es la caza y la montería.
En este sentido, ha recordado que en la cadena de valor de la comercialización de la carne caza participan gestores de caza, los dueños de las fincas, los cazadores y realeros, los controles sanitarios de los veterinarios, la industria cárnica, la distribución y la restauración. Es por ello que denuncia la "incertidumbre" que esta normativa supone para muchos sectores y las, a su juicio, "trabas innecesarias" que impone para el ejercicio caza que, según ha apuntado, es "tan necesaria para el control de la población".
ACTUAR SOBRE LA ACTIVIDAD HUMANA
Durante la sesión en el Congreso también ha intervenido la profesora de Biodiversidad de la Universidad Pablo de Olavide, Martina Carrete, quien ha llamado a actuar en relación a las actividades humanas, tal y como se plantean las leyes cuando se habla de "talar árboles" o instalar una "fábrica que contamina". Según ha indicado, esta actuación está "menos clara" cuando "se involucran conductas personales y sentimentales", como ocurre en la Ley del Bienestar Animal.
Al respecto, ha defendido que los beneficios probados que las mascotas suponen, "no pueden anteponerse a los impactos de las malas prácticas sobre su tenencia en la biodiversidad". "La conservación no es un antojo, es una obligación ética y un compromiso legal que España ha adoptado y tiene que cumplir", ha declarado Carrete, antes de llamar a los políticos a no reducir el debate de este tema a "ganar o perder un puñado de votos".
SOBRE COLONIAS DE GATOS
Carrete ha mostrado también su rechazo a las medidas que le Ley de Bienestar Animal recoge en relación a las colonias de gatos sin dueño, para prohibir su eliminación y garantizar la protección y el apoyo de estas colonias, tanto en la cuestión nutricional como veterinaria.
A este tema también se ha referido Javier Castroviejo, exdirector de la Estación Biológica de Doñana y expresidente del Comité MAB (Hombre y Biosfera) de la UNESCO. A su juicio, a estas colonias deberían tener "el mismo tratamiento que los animales de compañía que están en manos de grandes compañías privadas para sacar beneficios".
Mientras, el presidente del grupo especial de comportamiento de la Asociación de Veterinarios de Pequeños Animales (AVEPA), Tomás Camps, ha explicado que ante esta situación se puede contestar con cuatro acciones: "no hacer nada; la captura esterilización y suelta; la captura y eutanasia del animal; o la captura, vasectomía y suelta". La diferencia entre la esterilización y la vasectomía, según ha indicado es que en la segunda se mantiene la capacidad de generar hormonas.
Camps ha indicado que para la ley el "factor limitante es la captura", mientras que los datos determinan que la fórmula más efectiva para un menor impacto de estos gatos en la biodiversidad es la vasectomía "porque protegen el territorio de otros gatos y las colonias no son tan grandes". Aún así, reconoce que los estudios no son claros aún y ve "normal" que se pueda introducir medidas en la norma "en lugar de no hacer nada". En este sentido, llama a los legisladores a estudiar la posibilidad de, "a largo plazo", poner en marcha otras medidas.
Por el contrario, la secretaria de la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Córdoba (FAPAC), Dulce Nombre Aguilera, ha señalado la esterilización de los gatos como "el único método avalado por la ciencia" para "controlar las colonias" de forma "eficaz" y "eficiente", no solo "en términos económicos y sociales", sino también "ético".
Por otra parte, Aguilera ha pedido no excluir a los perros de caza de la ley. Según ha destacado, la segunda causa de abandono de perros en España es "el fin de la temporada de caza", una circunstancia que, para la experta es necesario destacar, si se tiene en cuenta que son "una pequeña parte de los más de siete millones de perros que hay en el país".
