Seis de cada siete españoles ha respirado niveles insalubres de ozono troposférico en 2018, según Ecologistas

Caseta de medición de ozono
Europa Press - Archivo
Publicado 16/10/2018 13:47:23CET

   MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El 85 por ciento de los españoles, lo que equivale a decir seis de cada siete, ha respirado niveles insalubres de ozono troposférico de acuerdo con lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)en lo que va de año y el 92 por ciento del territorio ha experimentado niveles superiores a las normales, según el Informe sobre contaminación por ozono en 2018 de Ecologistas en Acción, que analiza datos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre.

   La organización reclama al Gobierno y a las comunidades autónomas que retomen el Plan Nacional de Ozono Troposférico, la reducción de la quema de combustibles fósiles para frenar el efecto del cambio climático y mejorar la salud.

   Según el informe, que analiza datos de 472 estaciones de medición instaladas en España, casi 40 millones de personas respiraron aire contaminado en España durante el verano de 2018. De hecho, concluye que este contaminante es el que afecta, año a año, a más población y territorio.

   Durante 2018, a pesar de la mayor inestabilidad atmosférica y el menor calor, sobre todo en primavera, sus niveles se han mantenido en general estacionarios, con alzas y descensos según los territorios.

   Según los datos de referencia recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2018 a 39,7 millones de personas en el Estado español, el 85 por ciento de su población y a 466.000 kilómetros cuadrados, lo que representa el 92 por ciento del territorio. Esto equivale a decir que seis de cada siete españolas respiraron un aire con más ozono recomendado por la OMS.

   Si bien, los niveles que fija la normativa española y europea son más bajos que los de la OMS por lo que según ese criterio, respiraron aire contaminado por encima de ese valor 11,5 millones de personas, el 25 por ciento de la población y, lo que supone un millón de afectados más que en 2017, 2016 y 2015 e incluso, cinco millones de personas más que en 2013 y 2014. Por tanto, uno de cada cuatro españoles respiró aire que no cumple los estándares legales vigentes de ozono.

   Por ámbito geográfico, el estudio de Ecologistas en Acción señala que los territorios más afectados por este contaminantes fueron Castilla-La Mancha, Extremadura, la Comunidad de Madrid y Región de Murcia.

   Por el contrario, han respirado niveles de ozono "más moderados" en las comunidades autónomas del Cantábrico, el Valle del Ebro, Castilla y León y las Islas Canarias, y también en Andalucía, País Valenciano, Cataluña y las Islas Baleares.

   Según recuerda la organización, el ozono es un contaminante que no tiene una fuente directa humana sino que se forma en la baja atmósfera en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el transporte (en especial los vehículos diésel), las grandes centrales termoeléctricas y determinadas actividades industriales.

   Se trata por lo tanto de un contaminante secundario que durante la primavera y el verano afecta sobre todo a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial.

   Así, señala que el mantenimiento de la contaminación por ozono en 2018 es consecuencia en primera instancia del repunte en la quema combustibles fósiles que está acompañando al cambio de ciclo económico. La coyuntura meteorológica, caracterizada por una gran inestabilidad atmosférica primaveral y un fuerte calor estival (la primavera ha sido la más lluviosa y el final del verano el más cálido desde 1965), ha concentrado el ozono en los meses de julio, agosto y septiembre, influenciado por el aumento de las temperaturas resultado del cambio climático.

   Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2014 se produjeron 1.600 muertes prematuras en España por exposición a niveles de contaminación por ozono como los registrados en la mayor parte del territorio durante 2018. Los más afectados son niños y mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.

   Mientras, el Banco Mundial señala que el coste sanitario y laboral derivado de la contaminación por ozono representa alrededor de 5.000 millones de euros al año, un 0,33 por ciento del PIB español, sin considerar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales. Solo los costes económicos de la menor producción de dos cultivos como trigo y tomate, por su exposición al ozono en España, se estimaron en 800 millones de euros en 2000, el 3,2 por ciento del PIB agrícola.

SIN INFORMACIÓN ADECUADA PARA LOS CIUDADANOS

   Por otro lado, la organización denuncia que las administraciones públicas no proporcionan a los ciudadanos una información adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. En concreto, destaca que "pocas" ciudades cuentan con protocolos de actuación en momentos punta de contaminación por ozono y subraya que solo Valladolid contempla y aplica medidas de limitación del tráfico en episodios como el de la ola de calor de la primera semana de agosto.

   "Cuando mientras las grandes ciudades francesas restringían el tráfico las españolas se limitaban a informar rutinariamente a la población sensible, en el mejor de los casos", comenta el estudio.

   Asimismo, recuerda que los planes de mejora de calidad del aire para reducir la contaminación por ozono son obligatorios pero aún 12 de las 17 comunidades autónomas siguen sin elaborarlos. Se trata de Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, País Valenciano, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y País Vasco.

   En este contexto, Ecologistas reclama al Ministerio para la Transición Ecológica que aborde el Plan Nacional de Ozono Troposférico comprometido hace años, al que remiten las comunidades autónomas para justificar su inactividad.

   A su juicio, el plan Aire II es inoperante porque limita las actuaciones sobre el ozono a la realización de estudios y a la mejora de la medición, por lo que la ONG ha demandado al Gobierno ante la Audiencia Nacional.