Selvicultores piden "incentivos fiscales" a la gestión forestal para prevenir incendios y movilizar biomasa

   MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) ha reclamado incentivos fiscales y un mayor apoyo a la gestión forestal sostenible para reforzar la prevención de incendios forestales, al considerar que los selvicultores constituyen la "primera línea de defensa" frente al fuego.

   La organización ha advertido de que los montes españoles acumulan cada año cerca de 22 millones de toneladas de biomasa sin aprovechar, lo que incrementa el riesgo de incendios de gran intensidad.

   COSE ha señalado que España cuenta con más de 28 millones de hectáreas forestales, equivalentes al 56% del territorio nacional, de las que alrededor del 72% son de titularidad privada. Según ha indicado, más de 20 millones de hectáreas dependen de la gestión de propietarios forestales, por lo que ha defendido un cambio de enfoque en las políticas públicas de prevención, como ha expresado en un comunicado.

   "Los incendios no empiezan cuando aparece una llama. Empiezan años antes, cuando dejamos de gestionar el territorio", ha afirmado la gerente de COSE, Patricia Gómez Agrela, quien ha sostenido que "la mejor inversión contra los incendios no es la que se realiza durante la emergencia, sino la que permite mantener montes activos, gestionados y económicamente viables".

   La organización ha explicado que los bosques españoles generan anualmente unos 46 millones de metros cúbicos de biomasa forestal, aunque solo se aprovecha alrededor del 40% de ese crecimiento. Como consecuencia, lo que se traduce en 22 millones de toneladas que permanecen acumuladas en los montes, lo que favorece la continuidad del combustible y "aumenta la vulnerabilidad" frente a incendios.

   COSE ha reconocido que España dispone de uno de los dispositivos de extinción más avanzados de Europa pero ha alertado de que factores como las olas de calor, la acumulación de combustible, el abandono de usos tradicionales y la despoblación rural están "favoreciendo incendios de comportamiento extremo que superan la capacidad de extinción".

   En este contexto, la confederación ha defendido que la prevención pasa por actuar sobre el combustible forestal mediante clareos, desbroces, tratamientos selvícolas, extracción de biomasa, recuperación de pastos, mantenimiento de infraestructuras forestales o creación de paisajes en mosaico. "No existe una política eficaz de prevención sin gestión forestal. Y no existe gestión forestal sin propietarios forestales activos", ha subrayado la entidad.

   La organización ha destacado además el papel de los propietarios forestales privados, que gestionan cerca de tres cuartas partes de los bosques españoles, según sus datos, y ha advertido de que la baja rentabilidad de la actividad forestal y la carga administrativa dificultan la movilización de recursos que podrían contribuir a prevenir incendios, generar actividad económica y reforzar la autonomía energética.

   Según las estimaciones citadas por COSE, movilizar un millón de toneladas adicionales de biomasa forestal al año permitiría generar alrededor de 1.600 millones de euros de inversión, crear entre 2.500 y 3.500 empleos directos e indirectos en zonas rurales y evitar la emisión de unas 580.000 toneladas de dióxido de carbono mediante la sustitución de combustibles fósiles.

   Por ello, la organización ha reclamado que la gestión forestal sostenible sea declarada actividad de interés general y ha propuesto medidas como el reconocimiento de la figura del selvicultor activo, la creación de un registro de explotaciones forestales y deducciones fiscales para inversiones en conservación y prevención de incendios.

   "Necesitamos una fiscalidad forestal que premie a quien gestiona, conserva y previene. Hoy resulta más fácil abandonar un monte que gestionarlo, y eso es exactamente lo contrario de lo que necesita España frente a los incendios forestales", ha señalado Gómez Agrela.

   Asimismo, COSE ha defendido que estas medidas no persiguen un trato privilegiado para el sector, sino "corregir" una situación en la que "los propietarios forestales asumen costes privados para generar beneficios públicos -prevención de incendios, biodiversidad, captura de carbono, regulación del agua y conservación del paisaje- que hoy no son retribuidos ni suficientemente".