SEO/BirdLife alerta de la desigual distribución territorial de fondos públicos de UE para la acción climática en España

   MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Un estudio de SEO/BirdLife sobre los fondos públicos europeos destinados a la acción climática y la transición ecológica en España ha detectado una desigual distribución territorial, así como una baja inversión en adaptación al cambio climático y un difícil acceso a datos sobre el uso de estos fondos.

   La ONG indica que la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, establece una necesidad de inversión estimada en España de 308.000 millones de euros para alcanzar los objetivos de descarbonización. De esta cifra, el 18% deberá proceder del sector público, dentro del cual los fondos europeos representan el 13% del total.

   En el informe --realizado en el seno del proyecto Life Clima 1.5, en el que participan ONG de trece países europeos-- se analiza el periodo de programación 2021-2027, centrándose en los fondos de la política de cohesión y el instrumento Next Generation EU (NGEU), canalizado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

   "Aunque el grueso deberá provenir del sector privado, la financiación pública aún desempeña un papel clave. Desde la UE, se establece que el 30% de las asignaciones del Marco Financiero Plurianual (MFP) y el 37% de las del NGEU deben destinarse, al menos en teoría, a la transición verde", explica la técnica del Área de Transición Verde de SEO/BirdLife, Ana Márquez.

   Como añade Márquez, "en su propuesta, España ha superado estos mínimos obligatorios que establece la UE, con la asignación de un 34% de los fondos de cohesión y un 39,7% del PRTR a inversiones vinculadas con la acción climática y la transición ecológica, pero es casi imposible evaluar si verdaderamente se está cumpliendo, dada la falta de transparencia sobre cómo se computan estas asignaciones y la dificultad de un control real desde la sociedad sobre el objeto final de los fondos y de su efectividad".

   El estudio constata que existe un amplio margen de mejora en el empleo de los fondos europeos para inversiones verdes y argumenta que, con la finalización de los fondos NGEU en 2026, la política de cohesión va a desempeñar un papel crucial para seguir financiando las inversiones verdes y poder alcanzar los objetivos climáticos y energéticos fijados por los países para 2030.

   "La aplicación de fondos Next Generation en España es prueba clave de cara al nuevo marco financiero europeo que, a tenor de la propuesta de la Comisión Europea, volverá a asignar un porcentaje obligatorio a la acción climática y biodiversidad. Sin embargo, la experiencia del Plan de Recuperación demuestra que el seguimiento y la evaluación por parte de la sociedad civil han sido extremadamente difíciles. Si no se corrigen estos problemas, será complicado garantizar que se cumplen los objetivos europeos, el PNIEC y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático", afirma el responsable de la Unidad de Incidencia para la Transición Verde de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza.

   Para la coordinadora del Área de Transición Verde de SEO/BirdLife, Meritxell Bennasar, "es clave realizar una evaluación completa de las necesidades de inversión y los recursos disponibles para implementar con éxito el PNIEC 2023-2030 actualizado y, sobre esta base, desarrollar una estrategia integral para movilizar las inversiones públicas y privadas necesarias para contribuir a los objetivos climáticos y energéticos de la UE para 2030".

   SEO/BirdLife considera que las instituciones de la UE deberían mejorar "significativamente" la propuesta publicada recientemente para el próximo MFP 2028-2034 con el fin de cerrar la brecha de inversión. A su juicio, la propuesta debería incluir un objetivo de integración del 50% de la inversión verde para abordar todos los objetivos ambientales.

   También consideran que se debería incluir salvaguardias claras como la de 'no causar daño significativo', actualmente plagada de excepciones; o revisar la metodología propuesta para etiquetar las inversiones verdes, que actualmente abre la puerta a riesgos de lavado verde y a lagunas legales para los subsidios a los combustibles fósiles, así como mantener las garantías para la transición justa, en su opinión en peligro por la eliminación del Fondo de Transición Justa.