MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -
SEO/BirdLife y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) han exigido desde la Cámara alta a "todos" los poderes públicos y que garanticen el cumplimiento del derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible tras la resolución "histórica" de Naciones Unidas del 28 de julio de 2022 que así lo determina sea "una realidad en España".
Durante la celebración de unas jornadas en el Senado, varios expertos han abordado conceptos como justicia medioambiental, las repercusiones de declarar el medio ambiente como un derecho humano y la interdependencia entre estos conceptos.
La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha explicado a Europa Press que la intención como organización conservacionista decana de España era hacer una "puesta de largo de este derecho humano" junto a la organización decana de los derechos humanos en España APDH, precisamente en una de las dos cámaras de representación de la soberanía popular.
"La justicia ambiental y la equidad social se dan la mano y se deben defender juntas. Queríamos rubricar nuestra alianza para exigir este derecho que ya defiende la Constitución española en su artículo 45", ha defendido Ruiz, que considera que el Senado era el "lugar correcto", más aún en el actual contexto de convocatoria de elecciones generales anunciada para el 23 de julio.
"No solo tenemos el derecho a votar por un medio ambiente sano y también tenemos el deber de defenderlo, porque no habrá paz ni estado del bienestar en España ni no acabamos con la precariedad ambiental actual", ha advertido.
Para ello, la responsable de SEO/BirdLife avisa de que los ciudadanos tendrán que cambiar su estilo de vida, pero es necesario un poder judicial, ejecutivo y legislativo que permitan un cambio de modelo para acabar con la precariedad ambiental y no solo con la precariedad social o económica.
Durante la jornada, ha recordado que una de cada cuatro muertes en el mundo está relacionada con la contaminación atmosférica y ha destacado que la pobreza ambiental es también tener, como en el caso de España, apenas un 12 por ciento de las masas de agua en buen estado mientras se pone "contra las cuerdas" una de las joyas de la naturaleza como es Doñana. "Eso genera pobreza y precariedad en el entorno", asegura.
A su juicio, la máxima expresión de la corrupción es el atropello del medio ambiente y precisamente, el mejor termómetro de la salud es la democracia será lograr que en este siglo y, en particular, en esta década las políticas climáticas sean "centrales y no marginales".
"Mientras no se cumpla de manera exquisita el artículo 45 de la Constitución y no acabemos con la precariedad ambiental, pagará el pato toda la sociedad", ha advertido.
Además, el subsecretario para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Miguel González Suela, ha defendido que hablar de derecho al medio ambiente es hablar de justicia climática y ha recordado la responsabilidad del Estado en proteger a su gente, a los más vulnerables y para ello, en términos de perspectiva de futuro considera que la declaración de este derecho humano es un "hito histórico que refuerza las políticas nacionales que se venían desarrollando".
En este contexto, ha afirmado que para cualquiera que niegue el cambio climático esta primavera y la actual sequía son "una bofetada en plena cara". "La desertificación o el déficit de agua que estamos viviendo produce pérdida de producción agrícola, de medios de vida, conflictos por recursos escasos, e inseguridad global", ha valorado González.
A su juicio, es preciso mejorar la capacidad de alertas tempranas así como incrementar la respuesta rápida a los hechos presentes y en materia de decisión política ha apostado por la transparencia y el fomento de la participación social insistiendo en la importancia de las oportunidades de empleo.
Durante el evento ha participado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien ha elogiado el valor de la resolución "histórica" del pasado verano en la ONU pero la lamentado que esa resolución carezca de efectos jurídicos vinculantes.
"Es importante para que contengamos nuestra euforia", señala Gabilondo que sí celebra que la Constitución española recoja este derecho con una definición abierta que remite su regulación al legislador ordinario que es "la fórmula preferible dada la amplitud del concepto".
En ese contexto, ha expuesto que de las 32.000 quejas anuales que llegan al Defensor del Pueblo de media cada año, una cantidad enorme se deben a la vulneración del derecho a la protección contra el ruido frente al que "todas las administraciones" deben actuar.
Gabilondo que ha asumido su compromiso con la responsabilidad de velar por garantizar estos derechos e intereses legítimos de los ciudadanos por el papel de la Institución que dirige para resolver las quejas de estos ante la "pasividad" de las administraciones.
A su juicio, las 32.000 quejas analizadas reflejan el crecimiento de la sensibilidad en torno a la protección del medio ambiente dado el "deterioro constante y creciente" que sufre y la necesidad de revertir tal situación.
Gabilondo ha destacado las quejas sobre la exigencia de un nuevo modelo energético basado en renovables pero que minimice el impacto de las plantas fotovoltaicas y eólicas a través de las herramientas de evaluación del impacto ambiental vigentes en el ordenamiento.
Asimismo, subraya que a los españoles les preocupa el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para lograr la descarbonización en esta década, así como les preocupa "mucho" la contaminación atmosférica para lo que ve fundamental la transformación de la movilidad, algo que califica de "esencial para la salud pública y la lucha contra el cambio climático" y que debe hacerse a través de las ya obligatorias zonas de baja emisiones que tendrán que implantarse en 149 ciudades de más de 50.000 habitantes.
Del mismo modo, valora que otro de los desafíos que le plantean los ciudadanos en sus quejas es la importancia de la protección y de una adecuada gestión del agua ante el cambio climático por parte de las confederaciones hidrográficas, algo que ve fundamental en un "país que se quema, se desertiza y se seca".
Para ello, ha reclamado a las administraciones competentes que clausuren los usos ilegales, controlen de manera efectiva la depuración de vertidos con toda la determinación. Por último, entre las quejas más numerosas se ha referido a las relacionadas con la gestión de los residuos.
En todo este contexto, ha elogiado el papel de las organizaciones públicas y de las ONG de velar por el uso racional de los recursos naturales al tiempo que aconseja a los ciudadanos que la mejor forma de defender el interés legítimo y personal es sostener el interés común en hacer frente a los fenómenos de degradación y a las amenazas de desigualdad.
