MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
Más de 130 despachos de abogados de toda España se han reunido los días 7 y 8 de marzo en Madrid en el I Congreso Nacional de Defensa de los Derechos de las Víctimas de Accidentes y sus Resarcimientos por Responsabilidad Civil, encuentro en el que han defendido la modificación de la Ley 35/2015 que establece un Baremo de indemnizaciones para las víctimas de accidentes de tráfico.
El congreso, organizado por la Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC), junto con la editorial SEPIN y la Asociación DIA de Víctimas de Accidentes, ha contado con la presencia del fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas; el juez del TS, José Antonio Seijas Quintana; el presidente de ANAVA-RC, Manuel Castellanos; y el presidente de la Asociación DIA, Francisco Canes, entre otros.
La petición de modificación del Baremo responde a que, según destaca ANAVA-RC, en los últimos tres años las indemnizaciones a las víctimas de siniestros viales han descendido en un 40%, ya que esta norma cambió "las reglas de juego en las reclamaciones por responsabilidad civil", aunque también atribuyen este descenso a la reforma penal que se hizo en 2015, que suprimió el procedimiento de Juicio de Faltas.
Manuel Castellanos destaca que la asistencia de "un número tan importante de abogados de toda España" revela la preocupación generalizada en el sector de la abogacía sobre el nuevo Baremo que, a su juicio, "sigue limitando los derechos y conceptos indemnizatorios, siendo sus cuantías bajas y el procedimiento de reclamación complejo y costoso para los ciudadanos".
Respecto a una posible modificación del Baremo, el fiscal considera que las víctimas "deben recibir su indemnización pronta, justa y la correcta según la ley, porque siempre es importante el resarcimiento y, sobre todo, en las personas más vulnerables al tener mayor necesidad".
Por su parte, Francisco Canes apunta que, desde 2011, los accidentes con víctimas han aumentado un 23%, y según datos de la DGT de 2017, ese año hubo unas 140.000 víctimas, siendo la mayoría (93%) de carácter leve, es decir, que no requirieron hospitalización.
"Desde la asociación estamos luchando por seguir cambiando la legislación y, mientras tanto, mejorando las indemnizaciones de las víctimas con nuestros informes periciales, sobre todo, el social que acredita la pérdida de calidad de vida, sacando a la luz perjuicios que a menudo se olvida reclamar", comenta Canes, que asegura que el Baremo debe ser modificado para el beneficio de todas las víctimas.
