MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
La asociación de Jueces para la Democracia (JpD) y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) coinciden con la Abogacía del Estado cuando argumenta que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) no contempla la suspensión cautelar de una norma aprobada por el Parlamento e inciden en que estando ya en vigor la nueva Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo, hay que acatarla.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la APM, Antonio García, ha explicado que hay una previsión explícita dentro de la ley que regula el Tribunal Constitucional según la cual un recurso de inconstitucionalidad "no suspende la vigencia ni la aplicación de la ley" salvo que se trate de una impugnación del Gobierno contra una norma de una comunidad autónoma, "que no es el caso".
Además, conforme señala el portavoz de JpD, José Luis Ramírez, este tipo de suspensión cautelar sólo está prevista cuando se trata de un recurso de amparo, en los casos en que se solicita al Alto Tribunal que suspenda, por ejemplo, la entrada en prisión de un acusado en tanto resuelve sobre su proceso judicial y su sentencia.
Para ambos, estando ya en vigor la ley hay que acatarla "guste o no" porque ese es el fundamento de un Estado de Derecho. En relación a la postura de los Gobiernos de Murcia y Navarra en este sentido, García aseguró que son posiciones "absolutamente contrarias a las previsiones constitucionales" y resultan "absoltamente inaceptables en términos jurídicos y de Estado de Derecho".
MURCIA, "DELITO DE DESOBEDIENCIA"
"Esta no es una cuestión sujeta a opinión, es una previsión de naturaleza constitucional que obliga a todo el mundo, a todos los ciudadanos y a todos los poderes públicos o quienes ejercen responsabilidades políticas de tanta magnitud como un presidente de una comunidad autónoma", aseguró el representante de la APM, para quien "esta ley está en vigor y debe ser de plena aplicación mientras el Tribunal Constitucional no disponga otra cosa".
En este sentido, Ramírez ha añadido de parte de la JpD que es "una irresponsabilidad política" plantear la no aplicación de la ley "porque se trata de normas aprobadas por el Parlamento y se falta al deber de lealtad institucional cuando se decide dejar de cumplir con lo que la soberanía nacional ha decidido".
Según dijo, "hay distintos mecanismos" para que el Gobierno corrija la actitud de una comunidad autónoma que no acata la ley, "como la vía penal por incurrir en un delito de desobediencia de la autoridad", aunque "también se podrían formular conflictos de competencia o articular medidas más extremas". No obstante, en su opinión "la solución no es tanto jurídica como política, de asumir responsabilidades".
En cuanto a la situación en que quedarían mujeres y médicos si se declarase inconstitucional la ley, García ha asegurado taxativamente que "la ley está en vigor y quienes actúen a su amparo y bajo su paraguas lo están haciendo de forma plenamente ajustada a derecho y no tienen por qué tener ningún tipo de temor".
