AMETIC dice que el nuevo 'apagón' "perjudica seriamente" a la TDT y acusa al Gobierno de cambiar "las reglas del juego"

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Área de Desarrollo Industrial de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC) ha advertido de que el nuevo 'apagón' de la TDT previsto para antes de 2014, que supondrá la migración de parte de los canales a otras frecuencias para dejar espacio a la telefonía de última generación, "perjudica seriamente" a la oferta televisiva e implica un cambio en las "reglas del juego".

En este sentido, AMETIC ha solicitado al Gobierno que el Plan Técnico relativo al nuevo Plan de Impulso a la Televisión Digital Terrestre y de la Innovación Tecnológica, que está en fase de elaboración, se "ajuste en lo posible" al Plan Marco elaborado por el Ejecutivo anterior.

El Gobierno ya ha anunciado que el nuevo plan implicará el cierre de un múltiple para las televisiones privadas, el cierre de un segundo múltiple para RTVE (que puede compensarse mediante el uso de otro múltiple con funciones técnicas), y el cierre de otro múltiple para las televisiones autonómicas. Cada múltiple permite emitir hasta seis canales de definición estándar o hasta tres canales de alta definición, o una combinación de ambos.

Según señala AMETIC, el cierre de estos múltiples supondrá "una limitación de los recursos disponibles para emitir televisión, que tendrá repercusiones en el número total de canales disponibles, en la calidad de las emisiones, y en la posible evolución futura de la televisión".

Además, la asociación recuerda que en el nuevo plan el coste de las intervenciones necesarias en las antenas de los edificios irá a cargo de los usuarios y no del Gobierno como en el plan anterior. Según estimaciones del propio Gobierno, este proceso costará unos 20 euros por vivienda, y "ello para obtener un servicio más limitado que antes, en contenidos, en calidad, y en posibilidades de evolución futura", según apunta AMETIC.

Para las empresas de electrónica, tecnologías de la información, telecomunicaciones y contenidos digitales de España representadas por la asociación, "se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica ya que se trata de una industria que requiere inversiones continuas para satisfacer la demanda de los usuarios y la evolución tecnológica de los servicios".

"Cualquier cambio de las reglas del juego realizado sobre la marcha, supone automáticamente un estancamiento de las inversiones previstas, y por lo tanto, la pérdida de puestos de trabajo. Los fabricantes de equipos de radiodifusión, los fabricantes de equipos de recepción de televisión, los operadores de la red de televisión, y los instaladores de equipos de comunicaciones contaban con la ejecución del anterior Plan Marco de Actuaciones para la Liberación del Dividendo Digital por lo que consideran que han salido perjudicados con el cambio", ha señalado AMETIC.

La asociación también recuerda que la TDT es "el único servicio de telecomunicaciones gratuito para los usuarios, con una amplia variedad de contenidos y que alcanza, prácticamente, a la totalidad de la población" y cualquier decisión que limite la evolución de la TDT "perjudica, en primer lugar, a todos los hogares de España".

Igualmente, AMETIC ha asegurado que "la supresión de canales de televisión no es necesaria para que los operadores móviles puedan disponer de más frecuencias para ofrecer servicios de banda ancha móvil".

ENERO DE 2014, PLAZO PARA EL CAMBIO

En un principio, la liberación de la banda de 790 a 862 MHz para entregárselo a las empresas de telecomunicaciones estaba previsto para antes de enero de 2015. Sin embargo, el Gobierno, en acuerdo de Consejo de Ministros de agosto de 2012, decidió adelantar esa fecha límite a enero de 2014 para acelerar la llegada de la tecnología de 4G a España.

En el plan inicial desarrollado por el anterior Ejecutivo, esta segunda migración de los canales de la TDT tenía un coste de unos 800 millones de euros que el Gobierno se había comprometido a asumir con los 1.650 millones de euros que el Estado ingresó de las empresas de telecomunicaciones del proceso de subasta de frecuencias móviles.

No obstante, finalmente ese dinero se destinó a hacer frente al déficit y serán los consumidores los que tengan que asumir el coste en aquellos casos en los que sea necesario un cambio en las antenas, aunque el actual Ejecutivo ha reducido, en colaboración con las cadenas de televisión, el presupuestos de la migración de los canales de 800 millones de euros a unos 300 millones de euros.