CÁDIZ, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
Una comisión de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) entregó hoy en la Subdelegación del Gobierno en Cádiz una carta dirigida al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que le piden una actuación "urgente" ante la situación del buque 'Marine I' que permanece con 369 pasajeros de origen asiático en el puerto mauritano de Nuadibú y sobre lo que enviarán un escrito del Fiscal General del Estado para que investigue si hay una posible vulneración de la legislación y de los convenios internacionales.
En la carta a la que tuvo acceso Europa Press, el presidente de la APDH-A, Rafael Lara, que estudia interponer ante los juzgados una denuncia al considerar que el Gobierno español tiene "grandes responsabilidades" en la situación, traslada a Zapatero su "grave preocupación" por las personas desembarcadas del 'Marine I' en Nuadibú, así como por la actuación realizada por el Gobierno español al respecto.
En este sentido, la asociación mostró su "indignación" por la actuación del Ejecutivo en la gestión del buque Marine I, "más preocupado" por la aplicación de políticas migratorias "hiperrestrictivas" que por el "respeto" de los derechos fundamentales de las personas. A su juicio, el Gobierno "ha vulnerado" elementales normas de ayuda y socorro, tal como establece el 'Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo',
Dicho convenio establece que "sean cuales fueren la nacionalidad o la condición jurídica de dichas personas o las circunstancias en que éstas se encuentren" se deberá "prestarles los primeros auxilios médicos o de otro tipo y trasladarlas a un lugar seguro" y, por contra, el buque fue trasladado a las inmediaciones de la costa de Mauritania, permaneciendo los viajeros en él desde el 30 de enero hasta el 12 de febrero, "sin las condiciones mínimas indispensables", y sin que hasta el día 12 "nadie subiera para asistirles, siéndoles suministrada la comida por medio de cabos".
Cuando finalmente se hizo desembarcar a los viajeros, según el relato de Lara, éstos lo hicieron "fuertemente custodiados por policías españoles" y fuerzas armadas mauritanas y recluidos en un viejo almacén de pescado del puerto, "similar a las barracas de los campos de concentración". La policía española "fue la encargada" de interrogarles "sin abogados o intérpretes" y privarles de libertad "pese a no encontrarse en territorio español y no ser ciudadanos españoles" y comenzó las gestiones para hacerles salir de Mauritania.
Así, "sólo" 22 personas fueron trasladadas a las Islas Canarias, las de origen "presuntamente" africano tras un "rocambolesco" viaje hacia Guinea Bissau fueron deportadas colectivamente a Cabo Verde "país del que no son originarias, ni es de donde ha partido el barco, si no simplemente la nación con la que el Gobierno español ha podido llegar a algún acuerdo y donde están privadas de libertad". En este sentido, "se baraja" su traslado a Guinea Conakry que en estos momentos "sufre una grave inestabilidad social y política".
El resto de personas, "entre el ir y venir de diplomáticos de la India", se encuentran en las "degradantes" condiciones citadas al comienzo de este escrito.
RECLAMACIONES DE LA ASOCIACIÓN AL PRESIDENTE
Ante tal situación, la APDH-A solicita al presidente del Gobierno en su misiva el "inmediato" traslado de las personas que permanecen en Mauritania y de las que fueron trasladadas a Cabo Verde a territorio español, reconociendo que están bajo responsabilidad española y por tanto bajo su custodia y jurisdicción.
Asimismo, pidió que a estas personas se les apliquen las garantías propias del Estado de derecho y que se proteja sus Derechos Humanos y básicos, "a la vida, a la integridad física y moral, a no ser sometidos a tratos inhumanos y degradantes, a solicitar asilo, a la tutela judicial efectiva y a gozar de situación de libertad con asistencia jurídica y de defensa a todos los efectos".
La asociación quiere, además, que "se depuren responsabilidades" entre los responsables políticos de la Administración central ante la "desatinada" gestión y se aclare el origen y destino de las "contrapartidas económicas" que, supuestamente, han servido para que los países afectados "acepten estas actuaciones nada respetuosas con los convenios internacionales de los que España es signataria".
Por último, la APDH-A instó a que no se repitan actuaciones que "vulneren" derechos humanos ni se opere "al margen de la legalidad" exportando el control de la inmigración "a países sin garantías, eludiendo el marco legal y dando un tratamiento denigrante a persona alguna, bajo ningún tipo de excusa, como la esgrimida, en este caso, de la presión migratoria que suponen 369 personas".
