Bartolomé Vargas, fiscal de Seguridad Vial: "El móvil es un mortal enemigo en la conducción"

Publicado 11/08/2019 12:00:56CET
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Confirma que "se ha incrementado el consumo de drogas en la conducción", lo que considera un "fenómeno preocupante" Admite que la reforma penal que entró en vigor el 3 de marzo "plantea problemas jurídicos muy complejos"

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, califica de "enemigos" a los principales factores de siniestralidad vial en España: el consumo de alcohol y de drogas, el exceso de velocidad y las distracciones. Dentro de este último se sitúa el teléfono móvil, un "grandísimo amigo en muchas esferas de la vida pero que, en la conducción, se convierte en un mortal enemigo de nuestra vida, de la vida de los que van con nosotros y de los demás".

Y es que la distracción está presente en uno de cada tres siniestros mortales en carretera. De hecho, desde 2017, aparece como primera causa de los accidentes mortales, superando al exceso de velocidad y al consumo de alcohol.

Según varios estudios, la mayoría de los conductores ha mirado o utilizado el 'smartphone' al volante. Aunque no es el caso del fiscal. "Debo confesar que no he mirado el móvil, soy un conductor más y me puedo equivocar, pero no, lo más que he podido hacer es, en caso de urgencia, dejar el teléfono en el asiento del acompañante y en volumen, pero estar con el móvil, no", se ha sincerado en una entrevista con Europa Press.

Vargas, que justifica su buen comportamiento a la concienciación que ha adquirido en Seguridad Vial tras llevar más de una década como fiscal en esta materia, confía en que la modificación de la Ley de Tráfico que pretende endurecer la sanción (de 3 a 6 puntos de retirada del carné) por utilizar el móvil al volante, se apruebe antes de que acabe 2019: "Confío en que habrá un Gobierno y en que habrá una respuesta parlamentaria en Seguridad Vial".

Uno de los usos del móvil en la conducción es la de dar o recibir avisos de la ubicación de radares o de controles, tanto de velocidad como de alcohol y drogas. Aunque este pasado mes de abril, Vargas avanzó que la Fiscalía estudiaría una proposición de reforma legal de las 'apps' de avisos entre conductores tras empezar a recabar información, ha asegurado que aún no se ha formulado propuesta alguna. "No hemos tomado ni asumido un punto de vista de propuesta de regulación administrativa, sancionadora, estamos esperando a recibir toda la información".

Fiscalía también está a la espera de recibir datos de usuarios de patinete eléctrico fallecidos en accidente de tráfico durante este 2019 (en 2018 hubo 5 muertos), así como de número de procedimientos incoados por imprudencias graves. Asimismo, es prudente a la hora de dar cifras de siniestralidad de motoristas y ciclistas de empresas de reparto porque, a su juicio, aún "falta información", si bien reconoce que es un tema que "preocupa" a Fiscalía.

EFICACIA DEL "MODELO DE JUSTICIA PENAL DE TRÁFICO"

Según dio a conocer la Fiscalía el pasado 30 de julio, las sentencias condenatorias dictadas por delitos contra la seguridad vial han aumentado en 2018 un 9%, con un total de 89.264 condenas frente a las 81.951 del año pasado, representando así el 34% del total de las pronunciadas por los tribunales por toda clase de delitos en España, cuando el año pasado suponían el 32%.

Para el fiscal, que haya aumentado el número de condenas y la proporción de este tipo de delitos con respecto al total de delitos en España se debe a que hay "mucha eficacia" por parte de los policías y a la "estrecha" relación de estos con la red de fiscales delegados que Vargas dirige.

"Esto deriva en que los atestados estén muy bien hechos y en que los juzgados de guardia se produzca la conformidad, es decir, el reconocimiento de los hechos, el dictado de la sentencia de condena y el inmediato cumplimiento de la pena", describe el fiscal. "Hemos creado un modelo de justicia penal de tráfico", se congratula.

No obstante, Vargas confirma que "se ha incrementado el consumo de drogas en la conducción", un "fenómeno preocupante", sobre todo entre los más jóvenes, dado que las drogas alteran la capacidad de percepción y reacción del entorno al afectar "muy directamente" las facultades visuales. "Diré que esto no es conocido entre los propios consumidores de cannabis o cocaína", señala.

Por ello, Vargas es partidario de realizar más controles de drogas, pero a su juicio, se trata de una cuestión de "presupuesto y de operativa". "Números perfectos no hay, pero cuantos más, mejor", incide.

Pero sobre todo, aboga por más concienciación y formación. "Hace falta un planteamiento educativo y de conciencia colectiva sobre lo que es un fenómeno preocupante y que incrementa sin ninguna duda la siniestralidad", asegura el fiscal, que propone campañas de difusión sobre los efectos de las drogas en la salud y, particularmente, en la conducción. En este sentido, quiere que surja un "rechazo cultural" hacia las drogas como ya sucedió en su momento con el alcohol.

Con respecto a la velocidad, Vargas considera "esencial" la "cultura del respeto a las normas" y no entra a valorar si la bajada de los límites de velocidad (como pretende la DGT) haría descender la siniestralidad vial. Al igual que con el consumo de drogas, apuesta por una mayor educación y formación, aunque también destaca la función de las multas: "Las sanciones son educativas".

LA REFORMA PENAL

El fiscal también ha hablado sobre la reforma del Código Penal que agrava la imprudencia cuando se dan tres supuestos (alcohol, drogas o velocidad), posibilita el aumento de las penas de cárcel en caso de varios fallecidos o lesionados, e incluye como delito autónomo el abandono del lugar del accidente.

Tras cinco meses en vigor (desde el 3 de marzo), Vargas admite que "la reforma plantea problemas jurídicos muy complejos". "Los fiscales nos consultan a diario las dudas que surgen en torno a la aplicación de la reforma penal, como cuáles son los supuestos para elevar la pena", reconoce el fiscal coordinador. Por eso, se están mandando a los fiscales "indicaciones concretas" sobre cómo se ha de aplicar la nueva ley.

Y es que, según Vargas, "el Código Penal español utiliza a veces conceptos jurídicos indeterminados", como es el caso del art. 152 bis, que establece que se podrá aumentar en un año la pena de cárcel cuando hubiera una "pluralidad de personas" que sufrieran lesiones graves (tipificadas en el art. 149 y 150) o en dos años cuando el número de lesionados fuera "muy elevado".

Vargas indica que a la vuelta de las vacaciones del verano (septiembre u octubre) pretende tener terminado un dictamen con indicaciones generales a los fiscales para resolver cómo se ha de interpretar la reforma.

Precisamente, la modificación incluye una frase ("apreciada la
entidad de ésta por el Juez o el Tribunal", en el art. 142.2) que permite a los jueces interpretar la gravedad de una infracción, aunque éstas estén tipificadas por grados en la Ley de Tráfico, algo de lo que se han quejado algunos abogados de víctimas, pues así se podrían desestimar muchos casos por la vía penal.

"Impedir que el juez valore el caso concreto parece que no es propio de la teoría jurisdiccional; valorativo no significa que el juez vaya a archivar o absolver, es una valoración de las circunstancias", concluye el fiscal.

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