CEAS-Sahara condena "enérgicamente" que los apátridas se queden fuera de la regularización extraordinaria del Gobierno

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sahara) han condenado "enérgicamente" la exclusión de las personas apátridas del real decreto que modifica el Reglamento de Extranjería, aprobado este martes por el Consejo de Ministros para regularizar a medio millón de personas inmigrantes.

Aunque la organización ha celebrado la aprobación de la medida porque supone "garantizar los derechos más básicos a las personas que residen en territorio español", ha advertido que la "práctica totalidad" de las personas que carecen de nacionalidad son saharauis.

Y ha incidido en que "una vez más" el Gobierno haya relegado "intencionadamente" los "derechos del pueblo saharaui de manera absolutamente incomprensible", según ha sostenido en un comunicado difundido este martes y firmado por la presidente, Maite Isla.

"Carece de total sentido y coherencia alegar una hipotética situación de "regularidad" de las personas solicitantes del reconocimiento del estatuto de apátrida mientras no se les permite trabajar durante la tramitación del procedimiento "por no tener autorización de residencia y trabajo concedida"", ha criticado la Coordinadora.

En el escrito, ha animado a "todas las entidades, colectivos y organizaciones del ámbito de los derechos humanos, las migraciones y la Protección internacional" a "sumarse" al manifiesto en protesta de esta decisión del Ejecutivo "en aras de denunciar la grave situación de vulnerabilidad a la que se aboca a las personas apátridas".

El abogado saharaui Sidi Mohamed Talebuya también ha arremetido este martes contra la exclusión de los solicitantes de apatridia del proceso extraordinario de regularización, al considerar que se trata de una decisión "discriminatoria y carente de base jurídica".

En declaraciones a Europa Press, Talebuya ha recordado que anteriores borradores del reglamento incluían tanto a solicitantes de asilo como a solicitantes de apatridia entre los posibles beneficiarios de la medida, pero que el último informe del Consejo de Estado desaconsejó esa inclusión al advertir que "podría generar confusión". "El propio informe no es vinculante y, aun así, el Gobierno ha optado por dejar fuera a este colectivo sin una justificación sólida", ha señalado.

Además, ha insistido en que existían alternativas normativas para no dejar fuera a los apátridas, incluso asumiendo las recomendaciones del Consejo de Estado. A su juicio, el Gobierno "podía haber optado por una disposición adicional específica para las personas apátridas, con idénticos requisitos y condiciones que la prevista para los solicitantes de protección internacional", de forma que "se habría evitado cualquier confusión técnica sin sacrificar los derechos de este colectivo".