La CNMC pide al Congreso aprobar la ley de servicios digitales: "No estamos habilitados legalmente para actuar"

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha pedido en el Congreso aprobar el proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación. "No estamos habilitados legalmente para actuar y, por tanto, no podemos ejercer la mayor parte de nuestras funciones", ha asegurado.

Durante su comparecencia este jueves ante Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital de la Cámara Baja, Cani Fernández ha recordado que el proyecto pretende adaptar al ordenamiento jurídico español dos leyes europeas: la Digital Service Act (DSA) y la European Media Freedom Act (EMFA).

Fernández ha centrado su primera intervención en la parte del proyecto de ley dedicada a los servicios digitales, DSA, "una norma de carácter transversal pionera" en el ámbito europeo, que pretende regular y someter a supervisión "por primera vez" a los prestadores de servicios intermediarios, especialmente a las plataformas.

Entre los cambios que traería la trasposición de la normativa, la presidenta de la CNMC ha destacado la obligación de las plataformas de establecerse o de designar a un representante legal en un Estado miembro de la Unión Europea al que se puedan dirigir las autoridades competentes.

"Esta obligación, tan simple pero tan lógica, es trascendental. Ya no será posible que un ciudadano europeo quede desamparado por el mero hecho de que el prestador de un determinado servicio digital no puede ser contactado en ningún país de la UE. Este hecho, ya en sí mismo, supone una infracción sancionable", ha afirmado.

Asimismo, Cani Fernández se ha referido a la obligación de las plataformas de ofrecer, dentro del servicio, "un sistema ágil, fácil y directo" para reportar la existencia de contenido ilegal como la venta ilegal de medicamentos en una plataforma como Amazon; de gestionar estas notificaciones "de forma diligente, objetiva y no arbitraria"; y de informar sobre el curso que han dado a ese reporte.

También ha apuntado que la DSA establece que los prestadores mantienen la exención de responsabilidad por el contenido ilícito que se aloja en sus servicios mientras desconozcan que existe. "En el momento que se reporta contenido ilícito sin respuesta por la plataforma, la exención de responsabilidad decae", ha señalado.

El Reglamento establece también la figura de los alertadores fiables que, según ha detallado, son entidades certificadas para notificar contenido ilícito en sus ámbitos de especialidad.

Por otro lado, se obliga a los prestadores a publicar sus condiciones de moderación de contenidos o declarar los motivos por los que adoptan determinada decisión de moderación como eliminar una cuenta, retirar un contenido o desmonetizarlo. Además, los usuarios pueden presentar una reclamación por estas decisiones.

En cuanto a las grandes plataformas y redes sociales con más de 45 millones de usuarios en promedio (Meta con Facebook e Instagram, Google y servicios como Google Play, Google Maps, Google Shopping y Youtube, Apple, Aliexpress, Amazon, Pornhub, etc.) ha indicado que se les exige que lleven a cabo una labor de detección, análisis y evaluación de riesgos sistémicos derivados del diseño o funcionamiento de su plataforma, incluidos los sistemas algorítmicos. Deben aplicar, también, medidas de mitigación de dichos riesgos.

"Esto es crucial para abordar problemas tan complejos como la difusión de material de abuso sexual de menores, de discurso de odio, de desinformación, los riesgos específicos para los menores por el uso de las plataformas, pero también para la salud mental de las personas, o para la privacidad de los datos de las personas", ha manifestado.

PERSONAL 100% DEDICADO A LA DSA

Fernández ha puesto el acento en que la CNMC fue designada en enero de 2024 el Coordinador de Servicios Digitales de España -como requiere el Reglamento-. "No estamos habilitados legalmente para actuar y, por tanto, no podemos ejercer la mayor parte de nuestras funciones", ha asegurado.

Según la presidenta, tampoco pueden certificar a los posibles alertadores fiables y a los órganos de resolución extrajudicial o a los académicos "para poder acceder a las entrañas de las plataformas".

"Esta situación cambiaría si se aprobase el proyecto de ley de Gobernanza Democrática", ha apuntado la presidenta, que ha insistido la falta de habilitación legal les impide "tener personal 100% dedicado a la DSA".

Por todo ello, la presidenta de la CNMC considera importante que la habilitación sea completa. "No estamos respaldados por un procedimiento sancionador que eventualmente vamos a tener que necesitar, porque el cumplimiento de todas estas plataformas, como todos sabemos, no se hace de forma voluntaria", ha apuntado.