MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
La patronal de centros de educación concertada Escuelas Católicas ha enviado a sus más de 2.000 colegios un decálogo de actuación ante casos de abusos sexuales a menores, en el que destaca la obligación de informar a la Fiscalía, apartar de forma preventiva al acusado de los menores y abrir una investigación interna.
"Si se tiene constancia de un daño a un menor, toda persona mayor de edad tiene obligación legal de ponerlo en conocimiento de las autoridades, por lo que se deberá informar directamente a la Fiscalía", subraya el documento, al que ha tenido acceso Europa Press. Si no es posible, recomienda dirigirse a la Policía Nacional (091) o la Guardia Civil (062).
En el caso de que sea un religioso o sacerdote, el decálogo establece que se informará también a la jerarquía eclesiástica de acuerdo con las normas canónicas. "Los hechos de abuso sexual a menores no deben silenciarse, ni encubrirse o subestimarlos en ningún caso", subraya.
Según el documento, las personas que hayan observado indicios o hayan recibido una denuncia, tanto de hechos actuales como pasados, deberán comunicarlo a la dirección, preferiblemente "antes de 24 horas". Además, el decálogo establece que los responsables del colegio deberán llamar al 112 si hay lesiones y ofrecer ayuda psicológica a la víctima, "sin juzgar ni pedir detalles morbosos".
Escuelas Católicas señala que el centro deberá abrir una investigación interna para realizar un análisis de las acusaciones. Si se aprecian indicios de veracidad en la denuncia y el acusado es un sacerdote o religioso, se le abriría un proceso canónico que puede concluir con la prohibición del ejercicio sacerdotal o la expulsión de la entidad religiosa, según precisa.
En caso de que se trate de un profesor o personal del centro no religioso, el documento señala que "se abriría un expediente disciplinario con suspensión de actividades con menores y con la aplicación del resto de medidas cautelares que se pueden adoptar, pudiendo finalizar con una sanción de despido".
El quinto paso será, según señala el decálogo, alejar preventivamente al acusado de los menores "independientemente de cuándo se produjeron los hechos denunciados, de la edad del denunciado o del cargo que ocupe en ese momento". También se recomienda que en el momento de presentar la denuncia o comunicación, se solicite una orden de protección.
Asimismo, Escuelas Católicas señala que los centros deben tener configurado permanentemente un Comité de Crisis que se activará ante una denuncia de abusos, que podría estar integrado por el director del centro, el superior provincial, el director, el obispo o un vicario, un abogado y un experto, por ejemplo, un orientador o un psicólogo.
RECONOCER A LA VÍCTIMA AUNQUE EL ABUSO PRESCRIBA
En el caso de que el acusado haya fallecido o el delito haya prescrito, Escuelas Católicas pide a sus centros que "reconozcan" a las víctimas y que atiendan a los acusados, tanto si se confirma la acusación "acompañando su camino de redención" como si no, "colaborando en la recuperación de su buen nombre".
Una vez valorado el alcance de la crisis, el decálogo precisa que el centro enviará por sus canales institucionales y a los medios un comunicado oficial en el que "condenará cualquier tipo de abusos, especialmente a menores; pedirá perdón y expresará el compromiso firme con el esclarecimiento de lo ocurrido, poniéndose a disposición de las autoridades".
Finalmente, el documento indica que el centro deberá adoptar o reforzar las medidas de prevención, dejándose asesorar por organizaciones de infancia (Unicef, Save The Children, Fundación ANAR), y aplicará las directrices y protocolos de las Conferencias Episcopales y congregaciones. También dice que sería muy oportuno contar con un protocolo propio y sugiere instituir un mecanismo de fácil acceso para víctimas o terceros que deseen denunciar.
El secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, ha explicado a Europa Press que este decálogo es un "resumen" de las actuaciones que vienen llevando a cabo desde 2014. Alvira recuerda la reunión que mantuvieron con Alberto Ruiz Gallardón para pedirle que se exigiera el certificado negativo de delitos sexuales para poder dar clases. Además, destaca que en 2016 elaboraron un código de conducta --no solo referido a abusos--; y que en 2017 presentaron una guía contra el acoso escolar.
Asimismo, ha recordado que en 2018 trabajaron en colaboración con la Conferencia de Religiosos de España (CONFER) y la Conferencia Episcopal Española (CEE). Ahora, tras la Cumbre antipederastia que tuvo lugar en el Vaticano en el mes de febrero, han decidido enviar estas orientaciones. "Queríamos esperar a ver qué se decía allí", ha explicado Alvira. Mientras tanto, precisa que han ido asesorando a sus centros educativos cuando han tenido algún caso de abusos.
