Condenada a 12 años de prisión una pareja que obligó a una mujer a prostituirse amenazándola con vudú

BARCELONA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Barcelona ha condenado a Zinno Anthony O. y Mary T. a 12 años de prisión por obligar a prostituirse a una joven nigeriana a la que le facilitaron documentación falsa para viajar a España. Los procesados mantuvieron a la víctima --que había sido sometida a un conjuro vudú para "garantizar" la devolución del dinero que debía-- varios días encerrada hasta que accedió a trabajar en un club de alterne.

La víctima, que ahora es testigo protegido y que pensaba que iba a trabajar como secretaria, se puso en contacto desde Nigeria con los procesados en febrero de 2007, solicitándoles ayuda para viajar a España y mejorar su situación económica. A través del padre de uno de los acusados, la joven fue sometida a un conjuro vudú, bajo el pretexto de "garantizar la devolución del importe económico que suponía pagarle el viaje".

La Audiencia considera probado que los dos procesados facilitaron a la víctima billetes de avión, pasaporte y tarjeta de residencia. Una vez en Barcelona, le explicaron que debía devolverles 50.000 euros como "deuda de viaje" y, valiéndose de la vulnerabilidad de la joven, que no tenía recursos ni conocía el idioma, la obligaron a prostituirse.

Como la chica no aceptó, la mantuvieron encerrada bajo llave en su domicilio durante una semana, amenazándola con los males que podía provocarle el conjuro vudú y con denunciar su situación ilegal a la policía catalana. Finalmente, la joven accedió y se vio obligada a prostituirse en clubes de toda España durante varios meses. En mayo de 2008 pudo solicitar ayuda a los servicios sociales y explicar su situación.

Dos meses más tarde se procedió al registro del domicilio de los procesados, donde se encontró multitud de documentación de ciudadanos extranjeros como fotocopias de permisos de residencia, documentos de afiliación a la seguridad social o billetes de avión.

La Audiencia les considera culpables de un delito de inmigración clandestina, un delito de detención ilegal y dos de falsedad documental. Además deberán indemnizar a la víctima con 10.000 euros.