MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ha convalidado el convenio de adopciones firmado entre España y Rusia que desbloquea los procesos iniciados por parejas heterosexuales pero que impedirá la adopción de menores rusos por parte de personas solteras o parejas del mismo sexo, un aspecto que ha centrado las críticas de gran parte de los grupos de la oposición y que ha llevado a UPyD a abstenerse y al resto a votar en contra del mismo.
La votación del mismo se ha saldado con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, salvo UPyD, Na Bai y Coalición Canaria-Nueva Canarias, que se han abstenido, así como el voto en contra de la Izquierda Plural, BNG y Compromís-Equo.
Para su entrada en vigor, el convenio deberá superar el trámite del Senado, donde por la vía de urgencia también deberá ser aprobado primero en Comisión y luego en Pleno, antes de que pueda entrar en vigor. Asimismo, es necesario que la Duma rusa lo ratifique, un hecho que se espera para primeros de septiembre igualmente.
El portavoz del PP en la materia, José María Beneyto, ha celebrado que España haya sido el primer país que ha alcanzado un acuerdo con Rusia de estas características, que seguirán otros como Israel o Nueva Zelanda, a pesar del contexto internacional actual.
Respecto a las críticas sobre el impedimento para parejas homosexuales o padres solteros para adoptar en este país, Beneyto ha señalado que los convenios deben someterse a la legislación del país, en este caso la rusa, que impide este tipo de situaciones.
SÍ CON RETICENCIAS
El PSOE ha respaldado la ratificación del convenio, ante los retrasos que están padeciendo casi 600 familias y niños pendientes de adopción, eso sí, con "insatisfacción y reservas" por no contemplar la posibilidad de adopción de parejas homosexuales o padres solteros, tal y como contempla la legislación española, ha lamentado el diputado Álex Sáez Cubero.
Mientras, Antoni Picò, de CiU, ha justificado su apoyo a este acuerdo ante los años de paralización de los casi 600 procesos de adopción, "con situaciones muy duras". "Todos podríamos hacer observaciones y creemos que no se tiene que utilizar este convenio para defender los derechos homosexuales, que sí los defendemos. La adopción internacional es de acuerdo con la legislación del país de origen y priorizando el derecho del menor a ser adaptado", ha apostillado.
LA ABSTENCIÓN DE UPYD Y EL RECHAZO DEL RESTO
Sobre la abstención de UPyD, su portavoz en la materia, el diputado Toni Cantó, ha dicho que discrepa de la discriminación que este convenio realiza al colectivo LGTB, así como a los padres solteros, al mismo tiempo que no quiere entorpecer la situación de cientos de familias que llevan años esperando a ese menor "que podrá vivir de manera más digna".
Del lado del 'no', el parlamentario de Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha preguntado al Hemiciclo si respaldarían un convenio similar pero que impidiera adoptar a las personas de raza negra. "El convenio es un chantaje que consagra la desigualdad y vulnera nuestro ordenamiento jurídico", ha lamentado.
Al mismo tiempo, Rosana Pérez, del BNG, coincide con Baldoví en que este convenio, aunque resuelve la situación de muchísimas familias, fomenta la "desigualdad" que la legislación española no reconoce.
En esta línea, Ascensión de las Heras, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) rechaza este acuerdo porque con él, "el Gobierno incurre en los derechos LGTB" con "posturas homófobas" y un país como España, pionero en la materia, no puede admitir que se pretendan presentar como "irreconciliables" los derechos de la infancia y los del colectivo a la hora de formar una familia.
Este acuerdo, cuando entre en vigor, pondrá fin a la angustia de la mayoría de las casi 600 familias españolas que vieron cómo se paralizaban sus procesos por la decisión que Moscú tomó hace un año de frenar los trámites que vinieran de países que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, como es el caso de España.
El Ejecutivo justifica su petición para que las Cortes lo aprueben por el procedimiento de urgencia "en atención al gran número de familias españolas afectadas por la modificación de la legislación rusa en materia de adopciones que ha supuesto la paralización de los procesos judiciales de adopción (entre 150 y 160) hasta que se produzca la entrada en vigor del convenio bilateral".
